Tras el pronunciamiento del señor Donald Trump donde asegura que otorgará un “indulto total” (si gana tito asfura), a Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y otros, ha generado una inmediata reacción sobre el Fiscal General del Ministerio Público Johel Zelaya, Afirmando que el MP tiene la obligación constitucional de actuar para garantizar justicia y evitar cualquier intento de impunidad.
Esto siendo considerado como una intromisión directa en la política hondureña y aún más con la promesa de un indulto, pese a que Hernández cumple una sentencia por delitos federales graves dictada por una corte de Nueva York.
Ante ello, Johel Zelaya fue claro: «Ante el indulto anunciado por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia norteamericana por delitos de narcotráfico; el MP está obligado a ejercer las acciones dentro del marco de la Constitución y las leyes para que prevalezca la justicia y poner fin a la impunidad».
Este es un mensaje claro sobre la independencia judicial hondureña y que, independientemente de decisiones políticas externas, Honduras mantiene procesos abiertos y pendientes relacionados con la red de corrupción y narcotráfico que operó durante el periodo de Juan Orlando Hernández.
En un contexto donde Honduras debate entre continuidad de la refundación de la patria iniciado por la Presidenta Xiomara Castro, o el retorno de un narcodictadura y de figuras asociadas a casos de corrupción y narcotráfico, y esto solo lo puede detener la Abog, Rixi Moncada donde ella continuará con la refundación y el desarrollo del país.

