Las revelaciones en el juicio de Juan Orlando Hernández (JOH) por narcotráfico, destaparon con mayor claridad el entramado de corrupción, violencia y manipulación institucional que marcó las elecciones presidenciales de 2013 y 2017 en Honduras.
Según documentos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el exmandatario acusado por narcotráfico en EE.UU reveló que, utilizó fondos provenientes del narcotráfico, sobornos, y hasta a las pandillas para garantizar su permanencia en el poder a toda costa.
El candidato a designado presidencial, Enrique Reina, a través de la red social «X» recuerda el hecho que dejó claro como JOH usó a las maras para generar violencia e intimidación.
Entre las pruebas entregadas por la Fiscalía estadounidense se destacan conversaciones entre narcotraficantes hondureños –incluido su hermano, Juan Antonio «Tony» Hernández– que detallan cómo se lavó dinero a través de empresas fachada y cómo ese capital ilícito financió las campañas presidenciales de JOH.
EL FRAUDE DEL 2013: LA ANTESALA DEL NARCOESTADO
La documentación judicial revela que en 2013, Juan Orlando Hernández llegó por primera vez al poder utilizando recursos provenientes del narcotráfico para sobornar a funcionarios electorales y manipular el sistema de conteo de votos. Aunque las denuncias de irregularidades ya habían circulado en su momento, el juicio saca a la luz el grado de corrupción que acompañó ese proceso electoral y sentó las bases para lo que vendría después: una consolidación autoritaria ligada directamente al crimen organizado.
LA REELECCIÓN DE 2017: FRAUDE, REPRESIÓN Y CAOS PLANIFICADO
La situación se agravó en las elecciones de 2017. A pesar de que la Constitución hondureña prohibía la reelección presidencial, la Corte Suprema de Justicia, controlada por JOH, emitió un fallo en 2015 que lo habilitó a postularse nuevamente.
La Fiscalía sostiene que esas elecciones fueron “arregladas por JOH y sus aliados, usando drogas para corromper el proceso”. Los cómplices del narcotráfico volvieron a inyectar millones de dólares a su campaña, y JOH utilizó ese dinero ilícito para sobornar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y manipular el conteo de votos.
Los fiscales citan un momento clave del fraude: cuando, con el 57 % de los votos escrutados, el candidato opositor Salvador Nasralla lideraba con una ventaja irreversible. De pronto, el TSE suspendió el conteo por más de 24 horas, y al reanudarse, JOH apareció como el ganador por un estrecho margen. Según un testigo cooperante (CW-1), un ingeniero del TSE confesó haber saboteado el sistema a propósito para favorecer a Hernández.
PANDILLAS AL SERVICIO DEL PODER: VIOLENCIA COMO HERRAMIENTA DE REPRESIÓN
Uno de los aspectos más perturbadores del caso es la denuncia de que JOH contrató a pandilleros para sembrar el caos durante las protestas postelectorales, lo que justificaría una violenta represión estatal. La Fiscalía de Nueva York afirma que JOH pagó a un funcionario del Partido Nacional para que entregara dinero a miembros de maras con el fin de incitar disturbios y actos vandálicos en las calles.
Estas acciones generaron un escenario ideal para imponer el estado de sitio, justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y consolidar su cuestionado triunfo. Las manifestaciones, que iniciaron de forma pacífica, se convirtieron en enfrentamientos sangrientos que dejaron múltiples muertos, heridos y detenidos.
Las pruebas reveladas no sólo implican a Juan Orlando Hernández como un político aliado del narcotráfico, sino como el principal arquitecto de un sistema que utilizó el miedo, la violencia y la ilegalidad para controlar el Estado hondureño. Desde el control de las instituciones judiciales y electorales hasta la infiltración de estructuras criminales en la política, el juicio contra JOH destapa el funcionamiento de un narcoestado sostenido en la impunidad.
