El Partido Liberal de Honduras intenta mostrarse como una alternativa política ante la crisis de legitimidad del bipartidismo, pero los hechos lo contradicen. Varios de sus dirigentes arrastran escándalos de corrupción, vínculos con el crimen organizado y antecedentes judiciales en cortes extranjeras, lo que lo posiciona como un partido embarrado por completo en la triada de la impunidad: lavado de activos, saqueo de fondos públicos y conexiones con estructuras del narcotráfico.

Uno de los casos más representativos es el del excandidato presidencial Yani Rosenthal, actual figura de peso dentro del liberalismo, quien fue condenado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico en Estados Unidos y cumplió prisión federal. Su regreso a la política ha sido cuestionado no solo por sectores ciudadanos, sino también por organismos internacionales que observan con preocupación la naturalización de la impunidad en las estructuras partidarias.

A ello se suma la inclusión de líderes liberales en la Lista Engels, documento del gobierno de Estados Unidos que señala a actores políticos y económicos vinculados a actos significativos de corrupción. En esta lista figura Alexander López Orellana, actual coordinador departamental del Partido Liberal en Yoro y responsable de la campaña de Salvador Nasralla en ese departamento. Su mención en este informe internacional pone en duda la credibilidad del bloque político que intenta presentarse como renovador.

Por otro lado, Jorge Cálix, quien se ha acercado cada vez más a las estructuras liberales, ha sido señalado por el presunto uso de recursos del Instituto de la Propiedad (IP) con fines de proselitismo electoral durante el pasado proceso de elecciones primarias. Esta sospecha de desvío de fondos públicos se suma a una serie de irregularidades que rodean a otros actores del partido.

En San Pedro Sula, el actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, también ha sido cuestionado por presuntamente firmar contratos a favor de empresas familiares, lo que configuraría una forma de autobeneficio desde el poder municipal y una contradicción frontal con los principios de transparencia que el liberalismo dice defender.

A nivel internacional, durante el juicio contra Juan Orlando Hernández en Nueva York, varios líderes liberales fueron mencionados por testigos cooperantes, entre ellos los actuales diputados liberales Víctor Sabillón y Mauricio Villeda, lo que refuerza la percepción de que el Partido Liberal no solo fue cómplice del saqueo institucional durante la narcodictadura, sino que también tejió lazos con estructuras del narcotráfico para mantenerse vigente en el poder.

Este cúmulo de hechos demuestra que el Partido Liberal está lejos de representar una opción limpia y honesta. Su dirigencia está manchada por una cadena de escándalos que van desde el saqueo del Estado hasta pactos oscuros con el crimen organizado. En vez de ofrecer renovación, ofrece más de lo mismo: corrupción, impunidad y una política al servicio de intereses privados, no del pueblo hondureño.