En un fallo que sienta un precedente crucial para los derechos territoriales de los pueblos indígenas, el Ministerio Público (MP) logró una sentencia condenatoria contra el exalcalde Raúl Pineda Mejía Cardona y el exvicealcalde Plutarco Mejía Cardona, ambos de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara.
La condena se dictó por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, al haber aprobado ilegalmente el proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» sin la requerida Consulta Previa, Libre e Informada a la comunidad indígena lenca.
La decisión del tribunal subraya el incumplimiento de normativas internacionales fundamentales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Este veredicto llega en el contexto de un caso emblemático que ha puesto de manifiesto la lucha por la defensa del río Gualcarque, un territorio ancestralmente protegido por la comunidad Lenca.
Justicia para el Gualcarque y vínculo con caso Berta Cáceres
Durante el juicio oral y público, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC) presentó pruebas testimoniales, documentales y peritajes de expertos que demostraron la responsabilidad de los exfuncionarios en la autorización irregular del proyecto.
Este fallo representa un paso significativo en la reafirmación de la obligación del Estado de garantizar la protección de los territorios indígenas y sus recursos naturales.
El caso de «Agua Zarca» se enmarca, además, dentro de una serie de investigaciones relacionadas con las irregularidades que facilitaron la construcción de la represa por parte de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), un proceso trágicamente marcado por el asesinato de la reconocida ambientalista y líder indígena Berta Cáceres.
Con esta sentencia, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos hondureños, enviando un mensaje claro sobre la importancia de la consulta y el respeto a las comunidades originarias.
Banqueros involucrados
Cabe mencionar que, aunque la justicia avanza, aún falta llevar a los tribunales a otros involucrados en el caso de la represa y crimen de la ambientalista hondureña, por el que se menciona como autores intelectuales a miembros de una familia de banqueros.
La instituciones financieras involucradas en el proyecto de la corrupción son Banco Atlántida con Guillermo Bueso al frente y de Banco Ficohsa con su presidente ejecutivo, Camilo Atala.
El caso conocido como “Fraude sobre el Gualcarque” destapó una de las tramas de corrupción más escandalosas en Honduras. Revelando cómo el gobierno de ese entonces otorgó concesiones ilegales para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la familia Atala Zablah, dueña de Ficohsa.
Este proyecto violó los derechos del pueblo lenca, ya que fue impuesto sin la consulta previa, libre e informada. Como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que desató una lucha en defensa del territorio y la justicia, que terminó con el vil asesinato de la defensora indígena Berta Cáceres.
Posteriormente, Guillermo Bueso, el banquero más rico de Honduras y presidente ejecutivo de Banco Atlántida, compró la deuda del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca por solo 500,000 de dolares ($), aunque la deuda era de más de $24 millones.
Tras el asesinato de Berta Cáceres en 2016, los negocios de Agua Zarca siguen representando corrupción, impunidad y abuso de poder.
