El Ministerio Público (MP), ha logrado una sentencia de cinco años de cárcel para los involucrados en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”. Un proceso emblemático vinculado a la lucha liderada por la ambientalista Berta Cáceres.

El caso “Fraude sobre el Gualcarque”, tiene sus raíces en las irregularidades relacionadas con el otorgamiento de licencias para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto impactaba directamente en el territorio de las comunidades indígenas lencas, que defendían sus derechos ancestrales sobre el río Gualcarque, una fuente vital para su cultura y subsistencia.

Berta Cáceres, junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), denunció estas acciones, lo que culminó en su asesinato en 2016.

La lucha por el Río Gualcarque

Los involucrados fueron declarados culpables de delitos de fraude relacionados con la concesión del proyecto. En la audiencia de individualización de la pena, se condenó por el delito de fraude a Roberto David Castillo Mejía presidente de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) y Carolina Lizeth Castillo Argueta, exfuncionaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a cinco (5) años de prisión, y una multa de 380,795.06 lempiras más la inhabilitación por el doble de tiempo que dure la pena.

También se impuso tres (3) años y un mes de cárcel más siete años y un mes de inhabilitación especial a Raúl Pineda Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, por falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones.

La condena no solo honra la memoria de Berta Cáceres, sino que también refuerza la importancia del liderazgo ambiental en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Este caso resalta cómo las comunidades indígenas y los activistas enfrentan desafíos desproporcionados al proteger sus territorios, lo que exige un mayor respaldo de las instituciones nacionales e internacionales.

Finalmente este caso simboliza el compromiso del Estado en combatir la corrupción y resguardar los derechos de las comunidades afectadas por proyectos ambientalistas .

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