La hipocresía del golpismo: Silencio mediático y el rol de las ONGs en la deslegitimación de los procesos de cambio en Honduras

La oposición pretende que no tengamos memoria colectiva por el fatídico Golpe de Estado de 2009 contra la democracia, la Constitución y las transformaciones anheladas del pueblo. La Ley de Amnistía General, aprobada en 2010 bajo el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y con Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso Nacional, es el símbolo más claro de la impunidad que ha protegido a quienes orquestaron tan flagrante ruptura del orden constitucional.

El contexto histórico no puede ser ignorado. Esta ley se diseñó para blinda a golpistas como el general Romeo Vásquez Velásquez y Roberto Micheletti, quienes se burlaron de la justicia y consolidaron su poder a través de un acto que dejó un legado de represión y dolor. Entre los que ahora critican la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho se encuentra Maribel Espinoza, quien en su momento decidió votar a favor de la amnistía. La pregunta que surge es, ¿con qué autoridad moral se presenta como defensora de la justicia cuando su pasado está manchado por la promoción de la impunidad?

Es irónico y profundamente decepcionante que entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la propia USAID, que han abogado por el Estado de derecho, mantengan silencio ante la ley que resultó en la falta de justicia para las víctimas del Golpe. Su postura selectiva, donde escogen cuándo y cómo intervenir en cuestiones de justicia, resalta una hipocresía abrumadora en su discurso. Es claro que su interés no es el restaurar la justicia, sino más bien el mantenimiento de un status quo que les favorece.

En contraste, la reciente Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho, aprobada en 2022 por la administración de Xiomara Castro, busca rectificar las injusticias del pasado y prevenir su repetición. Se habla con desdén de esta ley, acusándola de ser un manto de impunidad, pero esta afirmación es profundamente engañosa. La realidad es que esta legislación tiene como objetivo asegurar que los crímenes de Estado no queden sin castigo, al tiempo que protege derechos que han sido sistemáticamente vulnerados.

Los detractores de esta ley, frecuentemente aquellos involucrados en actos represivos durante y después del Golpe, utilizan los canales mediáticos para posicionar su narrativa. Se oponen a un mecanismo que permitiría que jueces imparciales evalúen casos de violaciones a derechos humanos y ofrezcan justicia para aquellos que han sufrido persecución. Su resistencia revela su verdadero objetivo: mantener su control y evitar que la verdad salga a la luz.

Incluso más alarmante es el hecho de que la amnistía busca restaurar derechos fundamentales, no solo de las víctimas del Golpe, sino también de estudiantes, ambientalistas y comunidades indígenas que han sido criminalizados por ejercer su derecho a la protesta. La hipocresía de nuestros medios y entidades financiadas por intereses extranjeros se vuelve evidente al ignorar estas dinámicas y reducir el discurso a meras maniobras políticas.