La denuncia hecha por Marlon Ochoa sobre un plan de boicot electoral no es un hecho aislado ni una sorpresa para el pueblo hondureño. Por el contrario, todo indica que se trata de una conspiración cuidadosamente planificada por la élite política y económica del país, con el objetivo de reeditar los fraudes de 2013 y 2017, e incluso los métodos del golpe de Estado de 2009, aquel que sumió a Honduras en una de las etapas más oscuras y dolorosas de su historia reciente.

La historia parece repetirse: los mismos actores, los mismos intereses y el mismo desprecio por la voluntad popular. La diferencia es que ahora la conspiración adopta nuevas formas y herramientas, más sofisticadas, pero con idéntico propósito: bloquear el avance de las transformaciones sociales y evitar una victoria del pueblo en las urnas a través de Rixi Moncada y el Partido Libre. 

Los audios y documentos entregados por Ochoa al Ministerio Público exponen con claridad el intento de sectores ligados al viejo bipartidismo y al poder empresarial de interferir en el proceso electoral, manipular la logística del Consejo Nacional Electoral y crear condiciones para un posible fraude o una crisis institucional.

No es casual que las denuncias apunten a figuras vinculadas a los mismos grupos que en 2009 orquestaron el quiebre constitucional, que en 2013 manipularon los resultados, y que en 2017 sostuvieron un proceso marcado por la represión, el autoritarismo y la impunidad. Los nombres cambian, pero el poder detrás de ellos sigue siendo el mismo: una élite que teme perder privilegios y que está dispuesta a todo para detener el avance democrático.

Esa élite, que se presenta como “defensora de la institucionalidad”, es en realidad la que más la ha vulnerado. Hoy pretende volver a utilizar a las fuerzas armadas, a las instituciones electorales y a los medios afines para fabricar caos, desinformación y dudas sobre la transparencia del proceso. Su objetivo no es la estabilidad del país, sino repetir la fórmula del miedo y la manipulación para perpetuar el control político y económico.

Pero Honduras ya ha aprendido de su historia. El pueblo sabe que detrás de cada golpe y cada fraude hubo una maquinaria de poder que se alimentó de la desigualdad y el silencio. Por eso, esta vez, no puede permitirse otro retroceso. La denuncia de Ochoa debe tomarse con la seriedad que merece: no solo como una advertencia puntual, sino como la revelación de una vieja estrategia reactivada con nuevos disfraces.

El pueblo hondureño tiene derecho a elecciones libres, sin conspiraciones ni manipulaciones. Y tiene el deber de mantenerse vigilante frente a quienes, desde las sombras, intentan arrebatarle nuevamente su destino. Esta vez, la historia no debe repetirse.