Por años, la supuesta pugna entre el Partido Nacional y el Partido Liberal de Honduras fue una elaborada farsa que encubría una alianza implícita, y a menudo explícita, para desmantelar el Estado, privatizar los bienes públicos y saquear las arcas nacionales.
Esta colusión, disfrazada de alternancia democrática, ha sumido al país en una crisis profunda, caracterizada por la corrupción sistémica, la venta de la soberanía y el empobrecimiento de la mayoría. Las privatizaciones indiscriminadas de servicios y empresas estatales como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la corrupción rampante con contratos sobrevalorados como evidenció el escándalo del IHSS y la entrega de recursos naturales a trasnacionales son solo algunas muestras de un legado que hipotecó el futuro de Honduras.
Este patrón de despojo se mantuvo gracias a la manipulación del sistema electoral, que garantizó la permanencia de una élite en el poder, y al sistemático vaciamiento de las instituciones públicas. Fondos destinados a la educación, la salud y la seguridad fueron desviados, dejando a las instituciones saqueadas y a la población desprotegida. La creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), impulsadas con fervor por ambos partidos, simbolizó la culminación de esta entrega de la soberanía, al ceder control sobre el territorio y los recursos hondureños.
Afortunadamente, la llegada al poder del Partido Libertad y Refundación (Libre) ha marcado un punto de inflexión. Tras años de movilización social y resistencia, el pueblo hondureño eligió un camino diferente, apostando por un gobierno que busca recuperar la dignidad y la soberanía nacional. El desmantelamiento de las ZEDE, la renegociación de contratos leoninos y el impulso de una política energética soberana son pasos firmes que evidencian un compromiso real con la recuperación del Estado y sus recursos para beneficio de la población.
Bajo la administración de Libre, el país está experimentando un proceso de recuperación y levantamiento. Se están sentando las bases para fortalecer la institucionalidad, combatir la corrupción de manera frontal y revertir las políticas neoliberales que tanto daño hicieron. Aunque el camino es largo y los desafíos enormes, el gobierno actual trabaja para reconstruir un Estado al servicio del pueblo, priorizando la inversión social, la justicia y la equidad.
Este nuevo rumbo representa una esperanza para Honduras, un esfuerzo por sanar las heridas de décadas de saqueo y construir un futuro más justo y próspero para todos. La lucha contra la corrupción y por la recuperación de la soberanía es una tarea continua, pero por primera vez en mucho tiempo, el país está avanzando en la dirección correcta.
