La historia de Honduras ha estado marcada por imposiciones de la oligarquía, amañada en sus prácticas de políticas corruptas y por injerencia gringa.

 Gracias a ese mínimo sector de “clase privilegiada”, Honduras posee uno de los más altos índices de corrupción, pobreza y desigualdad, condiciones que se vieron agudizadas en la última década, cuándo el régimen del narco- Partido Nacional estaba en el Poder.

Todas las acciones relacionadas directamente con el crimen organizado estuvieron avaladas por las autoridades del Ministerio Público, que también fueron y siguen siendo compinches de la red de políticos corruptos del país.

Mientras un centenar de delitos fueron cometidos, el MP mantuvo en total impunidad a los responsables, entre uno de los actos más lesivos, se halla la aceptación de la reelección inconstitucional del ahora judicializado JOH, que además fue reconocida y celebrada por el Gobierno de EE.UU.

Mismo que ahora señala e interviene en el accionar del actual gobierno Legítimo de Honduras que tras 21 meses en el poder ha podido brindar respuestas y resultados significativos para la población.

Los intereses de la oligarquía coinciden con los de EEUU y han sido evidentes por sus declaraciones de descontento tras el nombramiento de las nuevas autoridades interinas del Ministerio Público; dejando ver el desconocimiento constitucional y la falta de cumplimiento del principio de autonomía al querer incidir en decisiones transcendentales para el país.

La red de corrupción e impunidad está siendo desmontada con medidas constitucionales impulsadas por el gobierno de la Presidenta Castro.