Las elecciones hondureñas quedaron bajo una fuerte sombra de intimidación criminal luego de que The Intercept documentara que la pandilla MS-13 obligó a cientos de ciudadanos a votar por Nasry Tito Asfura, candidato del Partido Nacional y respaldado públicamente por el injerencista presidente Donald Trump.
Diez testigos presenciales en barrios controlados por la pandilla confirmaron que mareros amenazaron a quienes simpatizaban con LIBRE, advirtiendo que matarían a familias completas si votaban por ese partido.
Según los testimonios, los pandilleros no solo recorrieron barrios imponiendo el voto por Asfura, sino que utilizaron mototaxis bajo su control para trasladar votantes a las urnas, revisaron papeletas dentro de los centros de votación e impidieron que simpatizantes de LIBRE transportaran a sus propios electores.
El Sistema Nacional de Emergencias 911 registró 892 denuncias de irregularidades el día de las elecciones, entre ellas varias grabaciones donde ciudadanos afirmaron que mareros se presentaron como supuestos observadores para amenazar de muerte a quienes quisieran votar por Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Organizaciones de derechos humanos confirmaron que investigan intimidación de pandillas en Tegucigalpa y el Valle de Sula, donde residentes recibieron audios advirtiendo que “quien vote por LIBRE tiene tres días para abandonar el área”. La coincidencia entre estas amenazas y el indulto otorgado por Donald Trump al expresidente Juan Orlando Hernández condenado por narcotráfico en EE.UU. Ha encendido las alarmas en sectores políticos hondureños, que consideran que el crimen organizado se sintió fortalecido por ese gesto.
A esto se sumó un ambiente de tensión provocado por declaraciones de Trump, quien afirmó que suspendería la ayuda a Honduras si Asfura no ganaba.
El Consejo Nacional Electoral reconoció posteriormente fallas en la actualización del sistema de votación electrónica por más de 48 horas, mientras la Unión Europea señaló un proceso celebrado en medio de intimidación, desinformación y debilidad institucional. El Ministerio Público abrió una investigación propia tras estas denuncias y el incremento de reportes sobre intervención directa de las maras en el rumbo del voto.
Testigos y autoridades hondureñas coinciden en que la MS-13 actuó con una influencia nunca antes vista en unas elecciones presidenciales, presionando abiertamente a la población para favorecer al candidato respaldado por Trump.
La mezcla de crimen organizado, desconfianza institucional e injerencia política externa ha dejado un clima sobre Honduras de incertidumbre mientras el país espera resultados definitivos y claridad sobre la magnitud de lo ocurrido.
