Diversos sectores de poder en Honduras han cerrado filas imponiendo un fraude electoral imponiendo la democracia del país. La oligarquía, grupos empresariales, organizaciones que se presentan como “sociedad civil” y grandes medios de comunicación han asumido una postura alineada para validar resultados cuestionados, ignorando las múltiples señales de manipulación que han marcado este proceso electoral.

Uno de los primeros actores en contribuir a este escenario ha sido el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que con sus acciones y pronunciamientos ha abonado a posicionar anticipadamente a Nasry Asfura como “ganador”, sin exigir explicaciones claras ni auditorías profundas frente a las irregularidades denunciadas.

A esta narrativa se han sumado sectores empresariales, particularmente desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Voceros de esta organización, en entrevistas difundidas por medios corporativos como Abriendo Brecha y otas, han llamado a los partidos políticos a “respetar los resultados” que ya proyecta el Consejo Nacional Electoral, sin reconocer ni cuestionar las anomalías denunciadas por amplios sectores de la población.

De igual forma, organizaciones como la ASJ y otros grupos identificados como sociedad civil han guardado silencio o han respaldado posturas que terminan legitimando un proceso viciado. En lugar de colocarse del lado de la ciudadanía y exigir transparencia, estas organizaciones han contribuido a normalizar un fraude que golpea directamente la voluntad popular.

Y no hay como los grandes medios de comunicación tarifados han jugado un papel al reproducir de forma acrítica el discurso oficial, invisibilizando las denuncias y desacreditando las voces que exigen elecciones limpias.

Esta alianza entre élites económicas, sectores conservadores, prensa corporativa y supuesta sociedad civil, oligarquía busca blindar al Partido Nacional y profundiza la crisis democrática, dando otro golpe a la ya debilitada institucionalidad del país.