Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Honduras, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconstruye con detalle la trama financiera que según su análisis terminó financiando el asesinato de la lideresa indígena y ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en marzo de 2016. 

El documento sostiene que la “pata financiera” del crimen apunta a una implicación de mayor jerarquía en el entorno empresarial ligado al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el que operaba la empresa DESA perteneciente a la familia Atala y Zablah. 

De acuerdo con lo documentado por el GIEI, el dinero utilizado para pagar a los ejecutores materiales habría sido movido mediante mecanismos para “disimular su origen” y terminó reflejándose en tres cheques por un monto superior a medio millón de lempiras, que fueron repartidos entre los sicarios condenados. 

La reconstrucción incluye transferencias, retiros y pagos asociados a la operación financiera del proyecto.

El informe también plantea que parte de los recursos que circularon en la cadena de pagos habría tenido como origen fondos vinculados a bancos de desarrollo que financiaban el proyecto, mencionando al FMO (de Países Bajos) y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Para los expertos, esta ruta del dinero obliga a ampliar el alcance de las investigaciones sobre responsabilidades y controles en el manejo de financiamiento.

En el mismo documento se describe un patrón de vigilancia y coordinación previa contra Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). 

Entre los elementos citados aparece un grupo de WhatsApp denominado “Seguridad PHAZ”, que habría servido para monitorear movimientos y acciones del entorno del proyecto.

Además, el reporte recoge comunicaciones frecuentes en fechas clave entre David Castillo condenado como autor intelectual y personas vinculadas al grupo empresarial relacionado con DESA, y sugiere que pudo existir un nivel superior de decisión detrás del plan criminal. 

El GIEI insiste en que la evidencia financiera y comunicacional debe conducir a nuevas líneas de investigación para establecer responsabilidades más allá de las ya judicializadas.

El informe también menciona irregularidades en el uso de fondos del proyecto y llama a profundizar las pesquisas sobre posibles desvíos, así como eventuales vínculos con actores de seguridad. 

En un caso que marcó un antes y un después en la defensa ambiental en Honduras, las conclusiones del GIEI vuelven a colocar en el centro del debate la necesidad de esclarecer plenamente la cadena de mando y el financiamiento que posibilitó el crimen.