El caso de Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad en representación del COHEP, destapó una red de corrupción donde los fondos destinados a la seguridad pública terminaron engordando los bolsillos de empresarios con poder e influencia.

El Ministerio Público confirmó la incautación de tres propiedades en la Isla Zacate Grande y una residencia en Lomas del Guijarro, además de 19 cuentas bancarias y la sociedad Inversiones MyM, S. de R.L., todas vinculadas a Molina. Las investigaciones señalan que el dinero público fue utilizado para adquirir mansiones frente al mar, piscinas privadas y lanchas de recreo en uno de los lugares más exclusivos del país.

Según documentos judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida, Molina habría recibido sobornos de una empresa estadounidense dedicada a la venta de uniformes policiales. A cambio, facilitaba contratos inflados y licitaciones exprés desde la Tasa de Seguridad.

Las transferencias se realizaron a cuentas en Belice y Honduras, coincidiendo con desembolsos oficiales del fideicomiso, una operación que revela la facilidad con la que el dinero público se distribuyó a las élites del país.

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En el país, Molina enfrenta otro proceso judicial junto a Liana María Mayorga, gerente de Plasticards S.A., por un contrato de más de 18 millones de lempiras para la impresión de tarjetas PVC de licencias de conducir.

Parte de esos fondos, según el Ministerio Público, fueron desviados hacia las propiedades de lujo hoy aseguradas.

La Isla Zacate Grande, ubicada en el Golfo de Fonseca, es conocida por albergar las mansiones de descanso de las familias Facussé, Nasser, Atala, Callejas, Kafatti, Sikaffi, Asfura y Gutiérrez, todas parte de las 10 familias más ricas de Honduras.

Durante años, los pobladores de la zona denunciaron despojos y privatización de playas.

Actualmente, las investigaciones confirman que la isla sirvió para esconder los bienes adquiridos con fondos públicos.