En Honduras, mientras la mayoría de la población carga con impuestos al comprar alimentos, medicinas o al llenar el tanque de combustible, un pequeño grupo de familias poderosas se beneficia de exoneraciones fiscales multimillonarias que fueron otorgadas por la narcodictadura nacionalista.
Según datos del Servicio de Administración de Rentas (SAR), estas 10 familias reciben un perdón fiscal que asciende a 66 mil millones de lempiras cada año.
Estas exoneraciones, que surgieron a partir de 16 regímenes fiscales implementados tras el Golpe de Estado, permiten que varias empresas eviten pagar impuestos, generando un sistema fiscal altamente desigual.
Mientras los hondureños pagan más, las élites económicas disfrutan de un “respaldo” que favorece sus negocios y consolida su influencia en los sectores político y mediático.
Entre las figuras que no pagan impuestos destacan:
Atala: Copropietarios de BAC y Ficohsa, con acciones en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, controvertido por la oposición de la ambientalista Berta Cáceres antes de su asesinato.
Bueso: Propietarios del Banco de Occidente, vinculados a fideicomisos cuestionados para la compra de medicamentos en la Secretaría de Salud.
Facussé: Relacionados con el conflicto en el Bajo Aguán.
Kafie: Implicados en irregularidades en el Seguro Social mediante la empresa DIMESA.
Canahuati y Canahuati Larach: Dueños de Grupo INVOSA y medios como La Prensa y El Heraldo, además de beneficiarse de exoneraciones en el sector maquilero.
Según el SAR, estas 10 familias concentran 142 empresas distribuidas en 25 núcleos empresariales, acumulando entre 2019 y 2021 el promedio de 66 mil millones de lempiras en exoneraciones fiscales.
Durante la presentación del Presupuesto General de la República en 2022, la entonces ministra de Finanzas, Rixi Moncada, denunció que se proyectaba “perdonar” 59 mil millones de lempiras a grandes empresas, reflejando un modelo económico que, según Moncada, ha favorecido a los poderosos durante 40 años.
¿POR QUÉ URGE APROBAR LA LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA?
Los expertos en finanzas advierten que la falta de una Ley de Justicia Tributaria tiene consecuencias graves para la economía nacional.
Los ministros Christian Duarte (SEFIN) y Mariana Ríos (SAR) señalaron que, de no aprobarse esta normativa, Honduras podría ser clasificada como un paraíso fiscal, enfrentar aumento en las tasas de interés de los créditos estatales, dificultades para acceder a financiamiento internacional y disminución de inversión extranjera debido a la falta de transparencia.
En pocas palabras, mientras las grandes familias continúan blindadas frente al pago de impuestos, el resto de la población enfrenta un sistema que aumenta la desigualdad y limita las oportunidades de desarrollo para Honduras.
La aprobación de la Ley de Justicia Tributaria es un paso clave para equilibrar la balanza y reducir los privilegios que favorecen a unos pocos en detrimento de la mayoría.
