Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscal general y fiscal adjunto tienen las misiones y el deber histórico de devolverle al Ministerio Público su institucionalidad y credibilidad, convertirlo en un verdadero órgano operador de justicia que pueda romper con el esquema de impunidad imperante en Honduras.

Desde el 01 de Septiembre, Chinchilla el Fiscal de la impunidad que sirvió de escudo para la Narco dictadura vacó de su cargo luego de 10 años al frente de una institución totalmente desmantelada que convirtió a Honduras en un país hostil para las y los verdaderos procuradores de Justicia, y el Ministerio Público (MP) es la institución estatal que durante la última década ha enfocado sus esfuerzos hacia la impunidad, la violación sistemática y la criminalización de las personas defensoras del ambiente, la tierra y territorio.

Si bien la profundización del modelo Neoliberal en Honduras retomó impulso con el golpe de Estado en 2009 y el otorgamiento fraudulento de una serie de concesiones mineras, energéticas, fiscales y territoriales a la elite político-económica, trajo consigo un deterioro del ya débil sistema de Justicia hondureño, el papel de Chinchilla desde la lección de segundo grado como fiscal general del Ministerio Público en 2013 y su ilegal reelección en 2018, es la que marca un período de persecución contra las y los luchadores sociales y de impunidad ante el latrocinio y el narcotráfico legalizado, sin desconocer que desde antes, el mismo Ministerio Público jugó un papel importante para el Golpe de Estado de 2009.

No existen cifras oficiales de cuantos defensores fueron criminalizados con Chinchilla al frente del MP, pero se tiene conocimiento que en casos emblemáticos como el de las y los defensores de Guapinol y Sector San Pedro, en Tocoa, Colón, fueron criminalizados 31 personas por oponerse a la instalación de la minera Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Los asesinatos de los defensores Alí Domínguez y Jairo Bonilla, así como Oquelí Domínguez, Berta Cáceres, Margarita Murillo entre otras. Esclarecer estos casos y de oficio iniciar una investigación es una tarea más que obligatoria.

En Azacualpa, en La Unión, Copán, región occidental de Honduras, fueron criminalizados 35 personas por defender el histórico cementerio Maya Chortí de San Andrés. Cuatro de estas personas continúan sometidas a un proceso judicial desde 2018, que a la fecha no ha culminado. Sumado a esto, contaban con dos sentencias que amparaban el camposanto frente a la expansión de Minerales de Occidente S.A. (Minosa), las cuales fueron violentadas para garantizar el proyecto minero y resultó en la destrucción del cementerio, esperamos que Zelaya ordene a la Dirección Especial de Fiscales revisar estos casos.

En cuanto a los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, suman más 100 personas entre 2013 y 2022, según datos recolectados a partir del informe anual Análisis Global de Front Line Defenders. La mayor parte de estos casos se encuentran en impunidad, y sin un proceso de investigación culminado.

Por otro lado, se encuentran los múltiples casos de corrupción presentados por la UFERCO que nunca se les dio el debido proceso, así como los casos sonados como Pandora I y Pandora II, la Caja Chica de la Dama, Hospitales Móviles, Lomas de Diamante, entre otros.