El ex-canciller y actual candidato a designado presidencial por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Eduardo Enrique Reina, lanzó una dura advertencia sobre la legitimidad de los recientes comicios, calificándolos como un «proceso viciado» y exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un escrutinio de voto por voto para disipar las dudas que imperan en la ciudadanía.

Durante sus declaraciones, Reina subrayó que la organización política que representa desconoce los resultados actuales debido a una serie de irregularidades técnicas y políticas. «La decisión está en el Consejo Nacional Electoral; deberían contar voto por voto. No sé cuál es el miedo de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López», cuestionó el exdiplomático, señalando una supuesta «mayoría mecánica» de dos contra uno que ha bloqueado las advertencias del consejero Marlon Ochoa.

Injerencia y riesgos a la democracia

El ex-canciller vinculó la crisis post-electoral con factores externos y figuras del pasado, mencionando la reciente liberación de Juan Orlando Hernández como un elemento que «mete sus manos de forma oscura» en la política nacional. Asimismo, respaldó la alerta emitida por la presidenta Xiomara Castro sobre un posible golpe de Estado en marcha, especialmente en el marco de la sucesión de mando en las Fuerzas Armadas.

«Cuatro de los cinco candidatos han mostrado serias dudas. Este proceso ha sido manipulado y constituye un golpe electoral con injerencia internacional directa», afirmó Reina.

Irregularidades técnicas detectadas

El dirigente de Libre detalló que el proceso sufrió fallas críticas que invalidan la transparencia de los resultados, entre las que destacan:

• Vulneración del sistema del código fuente.
• Fallas graves en la transmisión de datos y conectividad.
• Falta de uso del sistema biométrico en miles de actas.
• Contubernio entre sectores del bipartidismo tradicional y élites empresariales.

Transición de mando

Pese a la postura de desconocimiento del proceso, Reina fue enfático al reiterar el compromiso democrático del Ejecutivo. Aseguró que la presidenta Castro cumplirá estrictamente con el mandato constitucional, abandonando su cargo el 27 de enero de 2026, sin pretensiones de extender su periodo más allá de lo que dicta la ley.

Finalmente, el líder político hizo un llamado a las autoridades electorales a agilizar los procesos, comparando la lentitud del sistema hondureño con la eficiencia de otros países de la región, con el fin de evitar que la incertidumbre continúe socavando la paz social del país.