El actual gobierno de LIBRE ha logrado un avance sin precedentes en la protección de la vida de las mujeres en Honduras, evidenciado por una notable reducción en la tasa anual de muertes violentas y femicidios.
Las estadísticas oficiales muestran un descenso del 9.0% durante el «narcogobierno» de Juan Orlando Hernández (2014-2021) a un 6.3% bajo la actual administración de la presidenta Xiomara Castro (2022-2024), una diferencia que subraya el compromiso político y las nuevas políticas implementadas para combatir la violencia de género.
Políticas con perspectiva de género frente a la indiferencia del pasado
La administración anterior, marcada por la corrupción y el colapso institucional, mostró una alarmante indiferencia ante la violencia contra las mujeres. Durante el régimen de JOH, el país se sumió en una crisis de seguridad que afectó desproporcionadamente a los grupos más vulnerables.
En contraposición, el gobierno de LIBRE ha priorizado la seguridad de las mujeres como un eje fundamental de su política de «refundación».
Entre las medidas más destacadas se encuentra la aprobación de la Política Nacional de la Mujer – III Plan de Igualdad y Justicia de Género (2023-2033), que, por primera vez, integra la interseccionalidad para abordar las diversas realidades de las mujeres.
Además, se han destinado fondos específicos para el Sistema Nacional Integral de Cuidados y se ha legalizado la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), una decisión histórica que empodera a las mujeres y niñas.
Estos pasos, impensables en el gobierno anterior, demuestran una clara voluntad política para avanzar hacia la igualdad y la justicia.
Cifras que hablan: menos impunidad, más esperanza
La caída en la tasa de feminicidios no es un simple dato, sino el resultado de un esfuerzo concertado para fortalecer las instituciones. Aunque aún existen desafíos, la nueva administración ha puesto en marcha una serie de acciones destinadas a mejorar la investigación y sanción de estos crímenes.
A diferencia del pasado, donde la impunidad era la norma, el gobierno de LIBRE ha manifestado su compromiso con la justicia, creando un clima de mayor confianza para las víctimas.
Si bien las organizaciones feministas y los observatorios de derechos humanos insisten en que la violencia persiste, reconocen el cambio de rumbo. La reducción de la tasa, aunque no erradica el problema, sí marca un precedente histórico y ofrece una base sólida para seguir construyendo un futuro donde las mujeres en Honduras puedan vivir sin miedo.
Este logro no es un punto final, sino el inicio de una nueva etapa donde la vida de las mujeres es una prioridad de Estado.
