La Procuraduría General de la República (PGR) de Honduras informó al pueblo hondureño que la compañía Próspera Inc. y otros han reducido drásticamente su reclamo monetario contra el Estado en el litigio que mantienen ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Tras casi dos años de arbitraje, la demanda inicial de $10,775 millones de dólares, presentada en la Solicitud de Arbitraje, se ha reducido a $1,630 millones, lo que representa una disminución del 85 %.
Según la PGR, esta «drástica reducción confirma la instrumentalización del arbitraje y el carácter meramente especulativo de los reclamos presentados», validando la «solidez de la defensa jurídica del Estado hondureño».
La institución considera la rebaja como un «reconocimiento de la fortaleza de la posición jurídica de Honduras» y una validación de la decisión soberana de ejercer su defensa «con firmeza en este arbitraje injusto e improcedente».
La Procuraduría General de la República precisó que el 15 de octubre de 2025 recibió el Memorial de Demanda formal en este caso. Aunque la cuantía sigue siendo significativa, el monto ahora se sitúa por debajo de otros reclamos que enfrenta la República en los sectores de infraestructura y energía.
La PGR recordó que el marco jurídico de las extintas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), origen del litigio, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el 20 de septiembre de 2024.
No obstante, la Corte estableció que se declara protegida la inversión y la propiedad de las sociedades o empresas constituidas de buena fe que buscaban establecerse como ZEDEs.
La Representación Legal del Estado agradeció el trabajo de las firmas Foley Hoag LLP y Jana & Gil Dispute Resolution, así como a su equipo técnico y jurídico.
La institución mantiene «la firme convicción de que esta demanda carece de mérito y será totalmente rechazada» y reafirma su compromiso de continuar la «contundente defensa en los demás arbitrajes internacionales».
