El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, emitió hoy una contundente declaración en la que alerta a funcionarios y ciudadanos sobre el riesgo de incurrir en delitos al ejecutar o acatar resoluciones judiciales que carezcan de la debida legitimidad y legalidad.
Sus palabras se contextualizan en la polémica desatada por una reciente resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) relacionada con una papeleta en el departamento de Olancho.
El titular del Legislativo enfatizó que la garantía del Estado de Derecho y la independencia judicial reside en que las sentencias sean dictadas con estricta legitimidad y legalidad.
«Solo bajo esos principios las resoluciones adquieren validez jurídica y, en consecuencia, pueden ser ejecutadas o acatadas por cualquier ciudadano o autoridad», aseveró Redondo.
Consecuencias de acatar órdenes ilegales
El funcionario fue explícito al señalar las repercusiones de obedecer un fallo emitido sin el cumplimiento de los preceptos legales.
«Cualquier persona o funcionario que acate o ejecute una orden o sentencia ilegal se convierte en cómplice necesario de la comisión de delitos y se colude con las mismas violaciones a la Constitución y a las leyes», advirtió el parlamentario.
Redondo calificó la situación como una «gravísima violación a todo el sistema jurídico occidental» en caso de que se consume la ejecución de la decisión, catalogándola como una evidente prevaricación judicial.
Legitimidad, no contenido: el debate central
Para ilustrar su punto, el presidente del Congreso recurrió a ejemplos hipotéticos de tribunales operando con una integración inferior a la establecida por ley.
- Mencionó el escenario de la Sala de lo Constitucional dictando sentencias con solo tres magistrados, en lugar de los cinco requeridos.
- Puso como ejemplo que la Corte Suprema de Justicia actuara con siete magistrados, en vez de los quince que la integran legalmente.
Según Redondo, cualquiera de estos casos deformaría la totalidad del sistema jurídico.
Finalmente, el presidente del Congreso Nacional aclaró que el tema de fondo no es la independencia judicial ni el contenido de la sentencia en sí, sino la «legitimidad del Tribunal de Justicia Electoral» que emitió la resolución «aberrante e ilegal» en el caso de la papeleta de Olancho.
