El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, adelantó este viernes que el Ministerio Público (MP) presentará de manera directa el requerimiento fiscal contra sus colegas del pleno, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, por el delito de prevaricato judicial.

Morazán afirmó estar «absolutamente convencido» de que Flores y Barahona han incurrido en el tipo penal de prevaricato, basando su certeza en la conclusión del MP y en la inaplicabilidad de la resolución emitida por los magistrados, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Yo estoy absolutamente convencido de que ellos han incurrido en el tipo penal de prevaricato judicial… más temprano que tarde, cuando el Ministerio Público a través de la unidad especial de delitos electorales lo tenga a bien, van a presentar el requerimiento que en derecho corresponda», declaró Morazán.

Fallo de la CSJ aclara vía procesal

El señalamiento del magistrado Morazán se dio luego de que la Sala Ad-Hoc de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inadmisible la solicitud de antejuicio que el MP había presentado contra los dos funcionarios electorales.

Morazán se mostró a favor de la resolución de la CSJ, pues establece que el antejuicio solo aplica a «jueces de carrera, para los jueces de paz, para los jueces de letras, tribunales de sentencia y cortes de apelaciones», mas no para los magistrados del TJE.

En ese sentido, enfatizó que el procedimiento correcto que debe seguir la Fiscalía es la presentación directa del requerimiento fiscal, sin necesidad de trámite de antejuicio.

«El Ministerio Público a partir del lunes, una vez que se haya notificado, podrá presentar el requerimiento fiscal… ya la Corte le ha dicho que no es necesario el antejuicio y que puede proceder a ejercer la acción penal sin necesidad del antejuicio», explicó el magistrado.

Responsabilidad penal y principios legales

El funcionario electoral insistió en la inminencia del proceso penal, aludiendo a los principios de derecho penal que rigen una vez concluida la investigación y determinada la responsabilidad.

«En derecho penal cuando se ha concluido una investigación y el Ministerio Público ha determinado que hay responsabilidad, rigen dos principios, el de inevitabilidad e irretratabilidad… es decir, el Ministerio Público es inevitable la presentación del requerimiento fiscal porque han determinado que existe responsabilidad penal por prevaricato judicial», remarcó Morazán.

El magistrado Flores Urrutia y la magistrada Barahona solo poseen la prerrogativa de ser sometidos ante un juez natural designado por el orden de rotación de la CSJ, lo que constituye la única protección de la que gozan como altos funcionarios.