El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, a través de conferencia de prensa revelo 10 audios y una serie de denuncias sobre el proceso condicionado y dirigido desde el exterior, marcado por una intervención extranjera “vulgar y descarada” que busca torcer la voluntad popular.

Ochoa reveló nuevos audios que confirman presiones externas e irregularidades internas dentro del órgano electoral, poniendo en entredicho la transparencia y legalidad del proceso.

Uno de los señalamientos más alarmantes fue la desaparición prolongada de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López.

Ochoa denunció que, tras 13 días sin presentarse a sus funciones, aún se desconoce su paradero físico, y advirtió que las comunicaciones enviadas a su despacho no cuentan con firmas autógrafas, sino únicamente con sellos facsímiles, lo que genera serias dudas sobre la libertad de decisión de ambas funcionarias.


El consejero fue más allá al afirmar que existen indicios de coordinación entre funcionarios estadounidenses y estructuras ligadas al narcotráfico con el objetivo de sabotear los resultados electorales.

Según detalló, la verificación realizada en las juntas especiales evidenció una caída de más de 15 mil votos a favor del Partido Nacional al contrastar el sistema biométrico con los votos físicos.


Para Ochoa, este desplome explica la negativa del Partido Nacional a permitir un recuento voto por voto, calificando esta resistencia como parte de una conspiración para adulterar la voluntad popular y evitar que se conozca la verdad de las urnas.


Asimismo, calificó como “delictiva” la propuesta impulsada desde la Secretaría General del CNE para declarar resultados oficiales sin concluir el escrutinio. Denunció que la intención de oficializar elecciones presidenciales, legislativas y municipales con miles de actas pendientes constituye un crimen de traición a la patria, al pretender validar resultados con apenas 11,200 actas en el nivel de diputados y 14,300 en el municipal.


Finalmente, Marlon Ochoaadvirtió que estos hechos no prescriben, ya que representan una violación directa a la soberanía del pueblo hondureño.


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