Un reciente informe ha sido utilizado como herramienta para construir una acusación en contra del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, como parte de una campaña sistemática de desprestigio impulsada por el bipartidismo a lo interno del CNE.

En el documento que ha circulado en varios medios de comunicación se señala al excoordinador del Proyecto de Transporte, Joel Ramos García, como responsable de los retrasos logísticos durante la entrega de maletas electorales el 9 de marzo, asegurando que este habría recibido instrucciones de Ochoa para utilizar vehículos estatales, lo cual, según el informe, generó un déficit en la flota vehicular. Sin embargo, esta narrativa omite detalles cruciales sobre la contratación misma del servicio de transporte.

La verdadera raíz del problema parece estar en la adjudicación irregular del contrato de transporte a la empresa Ingeniería Logística y Transporte, representada por Carlos Salomón Fonseca Robles. Esta empresa, según denuncias internas, no cumplía con los requerimientos técnicos estipulados en el contrato original, lo que derivó en decisiones improvisadas como el uso de autobuses en lugar de camiones de carga. El intento de culpar al consejero Ochoa busca desviar la atención de esa contratación sospechosa y sobrevalorada, autorizada sin los debidos controles administrativos.

Estrategia de encubrimiento del bipartidismo

De manera conveniente, el informe no menciona que la planificación logística ya enfrentaba retrasos por causas previas, como la tardía entrega de documentos electorales por parte de otra empresa proveedora. Aun así, se intenta responsabilizar a Ochoa por una supuesta orden de regreso de maletas al Instituto Técnico Honduras, cuando en realidad las decisiones logísticas de última hora fueron tomadas por otros actores que ignoraron recomendaciones técnicas clave, incluida la de la propia presidenta del CNE.

Lejos de esclarecer los hechos, este informe parece reforzar una estrategia de encubrimiento del bipartidismo para proteger a quienes aprobaron una contratación deficiente y sobrevalorada, mientras se intenta culpar al consejero Marlon Ochoa como parte de una conspiración política más amplia dentro del CNE.