El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ha presentado un requerimiento fiscal contra varios exfuncionarios del gobierno, señalados por su implicación en la compra irregular de ventiladores mecánicos durante la emergencia por COVID-19. Un acto que habría perjudicado a la población hondureña con más de 63 millones de lempiras.
Los ventiladores, adquiridos para atender a los pacientes críticos de COVID-19, nunca llegaron a ser utilizados porque se recibieron incompletos y sin los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, lo que dejó a muchos hondureños desprovistos del equipo vital en el momento más crítico de la pandemia.
Entre los acusados se encuentran: Lisandro Rosales, excanciller; Gabriel Alfredo Rubi Paredes, excomisionado de COPECO; Jessica Canahuati Farah, excónsul en Nueva York; y otros exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias, quienes enfrentarán cargos por fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
La investigación del MP destaca que los acusados aprovecharon la urgencia de la situación sanitaria para manipular el proceso de adquisición, realizando transferencias bancarias sin la documentación requerida y omitiendo los procesos formales de recepción de los ventiladores, que debieron haberse llevado a cabo con rigor y transparencia.
Durante la crisis sanitaria, mientras miles de hondureños sufrían y fallecían debido a la falta de equipos médicos adecuados, estos funcionarios habrían actuado de manera negligente, priorizando su propio beneficio. A pesar de que los ventiladores fueron adquiridos con urgencia, hasta la fecha permanecen almacenados sin poder ser utilizados, un claro reflejo del perjuicio causado al sistema de salud pública.
Cabe mencionar que, mientras el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, avanza en la construcción de 8 hospitales a lo largo del país, demostrando su compromiso con la salud y el bienestar de la población, funcionarios del gobierno anterior enfrentan graves acusaciones de corrupción. Estos exfuncionarios son requeridos judicialmente por desvío de fondos, compras irregulares, y actos fraudulentos que dañaron severamente la infraestructura sanitaria, especialmente durante la pandemia de COVID-19.
El actual gobierno no solo está impulsando obras esenciales, sino también promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, marcando una diferencia significativa en el manejo de los recursos públicos.
Este caso pone de manifiesto cómo la corrupción en un momento de extrema vulnerabilidad social no solo afectó la eficiencia del sistema de salud, sino que también contribuyó al dolor y sufrimiento de las familias hondureñas que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia.
