El Ministerio Público (MP), anunció que presentará una apelación contra la resolución emitida por un juez natural, quien modificó las medidas cautelares impuestas a varios acusados por el delito de fraude en perjuicio del Estado de Honduras.
El caso involucra un desfalco al Estado superior a tres mil millones de lempiras (L3,084,223,255.38), originado a partir de un contrato irregular y un laudo arbitral que, según el MP, carece de validez legal.
La investigación se remonta al año 2000, tras el paso del huracán Mitch, cuando comenzaron diversos procesos judiciales relacionados con la ejecución de proyectos. En enero de 2020, Nelson Márquez Euceda, como secretario de SEDECOAS, habría promovido la firma de un acuerdo extrajudicial con la empresa NAINSA, gestionando pagos millonarios fuera de los procesos legales, a pesar de conocer que el laudo arbitral utilizado como base no tenía respaldo jurídico.
Los beneficios de la reciente resolución alcanzan a Márquez Euceda también diputado y exdirector de SEDECOAS-FHIS, Martha Vicenta Doblado Andara, Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Irisabel Miranda Hernández, Raymond Esaú Gradiz y Eva Vásquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS, quienes permanecían con arresto domiciliario y ahora podrán defenderse en libertad.
El juez natural estableció nuevas condiciones, como la prohibición de salir del país, la obligación de firmar una vez al mes en la Corte Suprema de Justicia, y el pago de fianzas millonarias, Márquez Euceda con L45 millones, Caronte Zavala con L25 millones y Eva Vásquez con L15 millones.
El Ministerio Público recordó que este expediente se presentó contra los mencionados y otros involucrados por su presunta participación en una red de exfuncionarios, abogados y jueces que habrían actuado en conjunto para desfalcar al Estado.
Asimismo, el MP calificó como “contraria a derecho” la modificación de las medidas cautelares, señalando el grave daño económico causado al país, y confirmó que interpondrá un recurso de apelación para garantizar la defensa de los intereses de la sociedad hondureña.
