El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), ha presentado un requerimiento fiscal contra el exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Juan Asfura Zablah, y otros funcionarios por su supuesta participación en un esquema de desvío y lavado de fondos públicos.
El requerimiento, entre los años 2017 y 2018 se habrían desviado más de 28 millones de lempiras (L 28,559,062.20) de las arcas municipales para beneficios personales y de terceros.
Los acusados incluyen a Nasry Asfura, junto a Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Ethel Castillo Cruz, quienes enfrentan cargos por lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.
Además, Mario Roberto Zeron Suazo y Rony López Córdova han sido señalados por fraude y violación de los deberes de los funcionarios, mientras que otros como Wilmer Gerardo Rodríguez López, Roger Ariel Amador Ramírez y Óscar Rolando Uriarte Romero enfrentan cargos por lavado de activos, fraude y otros delitos.
Acusaciones contra los implicados
Según la investigación, el esquema de desvío se habría llevado a cabo mediante la emisión de 32 cheques a nombre de los acusados. Estos cheques fueron solicitados al banco administrador del fideicomiso de la alcaldía con justificaciones como «fondos rotatorios», «fondos especiales» y «reembolsos de gastos». Posteriormente, los cheques habrían sido depositados en cuentas personales de los implicados, lo que permitió que los fondos fueran usados para fines no oficiales.
El Ministerio Público sostiene que parte de los fondos habrían sido utilizados para financiar campañas políticas, cubrir gastos personales y familiares del exalcalde Asfura Zablah, como el pago de tarjetas de crédito y la compra de artículos de lujo, incluyendo joyas. También se presume que algunos fondos fueron entregados en efectivo a personas de confianza del exalcalde, quienes a su vez los distribuyeron entre otras personas y entidades cercanas al círculo de Asfura.
Este caso subraya el compromiso de la Presidenta Xiomara Castro, junto al Ministerio Público y de la UFERCO con el combate a la corrupción y el lavado de dinero, actuando dentro del marco de la ley y con imparcialidad. El proceso judicial será clave para determinar la responsabilidad de los acusados, reafirmando el papel de las instituciones hondureñas en la lucha contra el desvío de fondos públicos y el abuso de poder.
