El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial del Consumidor y Adulto Mayor (FEDCV), puso en marcha un operativo nacional de tres días que se desarrollará hasta el viernes 26 de septiembre.

La acción tiene como objetivo proteger la economía de las familias, garantizar la salud pública y salvaguardar los derechos de los consumidores, especialmente en vísperas de la Semana Morazánica, periodo en el que aumenta la actividad comercial y turística en todo el país.

El despliegue cuenta con la participación de la Dirección de Protección al Consumidor (DPC), la Agencia Reguladora Sanitaria (ARSA), el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y personal de justicia municipal. Esta coordinación busca asegurar que las empresas y comercios cumplan con la ley y respeten los beneficios que corresponden a las y los adultos mayores, tanto en el transporte como en el acceso a bienes y servicios.

Inspecciones en transporte, mercados y farmacias

En las principales salidas del país, se verifican unidades de transporte público para constatar el cobro justo de tarifas, la aplicación de descuentos y el trato digno a las personas de la tercera y cuarta edad. Además, equipos de fiscalización supervisan mercados, supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia, con el fin de evitar la venta de productos y medicamentos vencidos que puedan poner en riesgo la salud de la población.

El operativo también se extiende a restaurantes, hoteles y centros de recreación. El objetivo es garantizar que estos espacios cumplan con medidas de higiene, respeten las tarifas y apliquen los descuentos establecidos en la ley del adulto mayor. De esta manera, se busca que la Semana Morazánica se desarrolle en un ambiente seguro, justo y respetuoso de los derechos de quienes consumen y de quienes viajan.

El Ministerio Público exhorta a la población a denunciar cualquier irregularidad en precios, abusos en el transporte o incumplimiento de beneficios para los adultos mayores. Estos operativos no solo pretenden sancionar a quienes cometen abusos, sino también fomentar una cultura de respeto a los derechos de los consumidores y a la economía popular, en sintonía con un Estado que coloca la justicia social en el centro de sus acciones.