El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), ha dado un paso firme en la lucha contra la corrupción al presentar una ampliación de requerimiento fiscal contra seis ex funcionarios del Gobierno de JOH por el presunto mega fraude en la compra de hospitales móviles durante la pandemia de la COVID-19.

El nuevo requerimiento fiscal, presentado ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, señala a la ex ministra de Salud, Alba Consuelo Flores Ferrufino, y a la ex ministra de Finanzas, Rocío Tabora Morales, como presuntas responsables de los delitos de fraude.

Además, se han señalado por los mismos delitos a Roxana Melani Rodríguez Alvarado y Daniel Antonio Ardón. También enfrentan cargos de fraude y violación de deberes los ex funcionarios de INVEST-H, Héctor Antonio Herrera Flores, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza y Carlos Luis Guevara Mondragón.

El Bloque de Oposición Criminal (BOC) ha reaccionado con berrinches tras la reciente elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto. Aunque algunos expresan su deseo de que el Fiscal Adjunto siga siendo Daniel Sibrián, no dejan de ser vistos como «payasos defensores de la patria». La situación pone de manifiesto las tensiones en el ámbito político, mientras la justicia busca esclarecer y castigar actos de corrupción que afectan a la sociedad.