El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó la captura de Dilcia María Gutiérrez, Miriam Yolanis Cabieles Murillo y Saida Celenia Cabieles Murillo, señaladas por su presunta vinculación en el saqueo de las finanzas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), una institución clave para la atención de miles de derechohabientes.

Las investigaciones revelan que recursos destinados a la atención médica y al bienestar de los afiliados fueron desviados para el pago de una plantilla fantasma, evidenciando prácticas ilícitas que perpetúan la corrupción en una entidad que ya fue severamente golpeada por escándalos similares en el pasado. El caso vuelve a poner en evidencia cómo redes internas vulneran el sistema para beneficio personal, en detrimento del pueblo trabajador.

Golpe a la impunidad en el IHSS

Este nuevo golpe judicial se suma a lo ocurrido en febrero de 2025, cuando el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Suyapa Isabel Carranza Rodríguez y Eliana Yessenia Bonilla López, exempleadas del Departamento de Compensación Salarial del IHSS, junto a otras veinte personas que se hicieron pasar por médicos. En realidad, se trataba de amas de casa y jornaleros que participaron en un esquema fraudulento que provocó un perjuicio económico de L. 1,827,374.02 lempiras.

De acuerdo con las investigaciones, en marzo de 2024 las exempleadas ingresaron al sistema institucional una plantilla ficticia de 20 personas, cada una con un salario mensual de 35,000 lempiras. Para consumar el fraude, falsificaron la firma y el sello de la subjefa de Personal, lo que permitió abrir cuentas bancarias y efectuar los pagos. Posteriormente, los supuestos médicos retiraron el dinero en agencias bancarias, cerrando así el ciclo del desfalco.

El Ministerio Público reiteró su firme compromiso de garantizar justicia en los casos donde se saquean los fondos que pertenecen al pueblo hondureño, calificando estos recursos como “sagrados” por su destino social. En un país marcado por décadas de corrupción estructural, estas acciones representan un mensaje claro: la lucha contra la impunidad continúa y no habrá tregua frente a quienes convierten lo público en botín privado.