La presidenta de Honduras, Xiomara Castro desde el inicio de su mandato ha reafirmado que su gobierno no cederá ni un centímetro frente a mafias locales e internacionales que, bajo la protección de regímenes anteriores, pretendieron saquear al Estado.

El caso DRC Inc. es una muestra clara de cómo la corrupción judicial y empresarial funcionó después del Golpe de Estado y la narcodictadura. Hoy, con dignidad y firmeza, Honduras se defiende.

CRONOLOGÍA Y EXPLICACIÓN DEL CASO DRC INC. – MURRAY FARMER

• 1998: Tras el Huracán Mitch, USAID financió obras de reconstrucción a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Y se adjudicó a la empresa estadounidense DRC Inc., propiedad de Murray Farmer, un contrato de $19 millones.
• 2002: DRC Inc. viola el contrato al subcontratar, sin autorización previa, a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA). Esto provoca la intervención de fiscales estadounidenses y la suspensión de pagos por parte de USAID, por incumplimiento contractual.
• 2007: En el gobierno de Manuel Zelaya, DRC demanda al Estado hondureño alegando daños por la suspensión del contrato. El arbitraje inicia en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).
• 2009: Después del golpe de Estado, en los meses de mandato del golpista Roberto Micheletti, el caso es trasladado sin base legal al Colegio de Abogados de Honduras, donde en plena crisis política se emite un laudo internacional ilegal, condenando al Estado a pagar millones en supuestos daños.
• 2014: Un tribunal federal en Washington D.C. desestima la demanda de DRC Inc., reconociendo que el Estado de Honduras no tiene ninguna obligación de pago, y que FHIS es un ente independiente. El caso parecía cerrado.
• 2020-2023: Bajo el control de la Corte Suprema de Justicia manipulada por el narcopresidente Juan Orlando Hernández, el caso revive. En febrero de 2023, un tribunal hondureño ordena embargar cuentas del Estado por más de 2,600 millones de lempiras, a favor de DRC Inc. y NAINSA. La sentencia se basa en el laudo de 2009, emitido en condiciones de ilegitimidad y golpe de Estado.

IRREGULARIDADES QUE SUSTENTAN LA NEGATIVA DEL GOBIERNO A PAGAR

1. Subcontratación ilegal: DRC Inc. violó el contrato inicial financiado por USAID al subcontratar a NAINSA, lo que llevó a la suspensión de pagos por parte de EE. UU.
2. Sentencia espuria: El laudo arbitral fue emitido durante el golpe de Estado de 2009, por un órgano sin legitimidad legal.
3. Desestimado por EE. UU.: En 2014, una Corte Federal de Washington concluyó que Honduras no debía pagar dicha deuda.
4. Fallos bajo narcodictadura: En 2020 y 2023, la Corte Suprema, aún con magistrados heredados de JOH, revivió el caso y falló a favor de Farmer, sin base jurídica sólida y obviando la decisión de la Corte estadounidense.
5. Red de corrupción: Según la Procuraduría General de la República (PGR), detrás de este fallo hay una estructura público-privada de corrupción judicial que ha hecho de la extorsión legal una industria.

LA POSICIÓN FIRME DEL GOBIERNO DE XIOMARA CASTRO

Desde el 2022, el gobierno de LIBRE ha interpuesto 44 acciones legales para frenar este fallo: recursos de apelación, amparos, nulidades, denuncias de prevaricato judicial y antejuicios. Sin embargo, ningún fiscal o juez ha actuado en consecuencia, lo que confirma el nivel de penetración de redes corruptas en el sistema judicial.

La entonces ministra de Finanzas Rixi Moncada y el procurador Manuel Díaz, denunciaron públicamente el fallo y reiteraron su compromiso patriótico de no entregar “ni un solo lempira” al saqueo institucionalizado.

“Asumimos la altísima responsabilidad de no defraudar a 9 millones de hondureños. Honduras ya no será una caja chica para corruptos. Vamos a privilegiar el interés del pueblo frente al interés de unos cuantos privilegiados”, expresó Rixi Moncada, en el 2023.

DIFAMACIONES POLÍTICAS Y ATAQUES DESESPERADOS

Ante la negativa del gobierno a pagar una deuda ilegítima, Murray Farmer ha lanzado una campaña sucia en redes sociales, atacando personalmente a Rixi Moncada, hoy candidata presidencial del Partido LIBRE y con mayor apoyo popular para las Elecciones Generales de noviembre.

Estos ataques propagados por cuentas anónimas y usuarios afines a la oposición y el COHEP, carecen de fundamento y están motivados por intereses políticos y económicos. Lo que busca Farmer no es justicia; es chantaje legal, manipulación mediática y presión electoral.

Bajo la conducción de Xiomara Castro, Honduras está defendiendo sus fondos públicos con dignidad y valentía. Ya no se gobierna para los contratistas corruptos ni para empresarios privilegiados. El pueblo está primero, y el Estado no pagará sentencias compradas bajo regímenes autoritarios.

La demanda de DRC Inc. es una reliquia de una era oscura de impunidad. Hoy, el Estado se planta con firmeza y transparencia.