En respuesta a una denuncia pública presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SEGOB), emitió un contundente comunicado donde niega cualquier implicación en actos de corrupción y reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la ley.
La acusación, basada en información solicitada a través de la Ley de Transparencia, alude a una supuesta “red de corrupción” relacionada con fondos asignados a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) durante los años 2022 y 2023. Sin embargo, SEGOB aclara que estas irregularidades corresponden a gestiones heredadas de gobiernos anteriores, y que desde 2023 se emprendieron auditorías internas para limpiar la casa.
- Auditorías desde 2023: Bajo el liderazgo del actual Secretario de Estado, Tomás Eduardo Vaquero Morris, la SEGOB inició revisiones internas que llevaron a:
- Dar de baja a ONGs con irregularidades.
- Cancelar a la exgerente administrativa y su personal involucrado.
- Delegación de funciones: La Secretaría señala que la exministra Pinto Dubón actuó bajo delegación legal de firma, como lo permite la Ley de Procedimiento Administrativo, y que esto no constituye ilegalidad alguna.
- Competencia del TSC, no del CNA: Toda ONG señalada fue remitida desde febrero de 2024 al Tribunal Superior de Cuentas, entidad legalmente competente para auditar el uso de fondos públicos.
- SEGOB no administra fondos: Reiteran que la asignación de recursos a las ONGs proviene del Congreso Nacional, y no de la SEGOB, que solo se encarga de la gestión administrativa, según lo estipulado por decretos legislativos como el #157-2022 y #162-2023.
- Respuesta al CNA: La Secretaría rechaza que se haya delegado la selección de ONGs a diputados, como afirma el CNA, y califica esa interpretación como “equivocada y politizada”.
- Llamado a la objetividad: En un mensaje directo, cuestionan la falta de imparcialidad en la investigación del CNA y critican a su directora, Gabriela Castellanos, por supuestamente difundir información “distorsionada y errónea” con fines políticos.
La denuncia surge en medio de crecientes tensiones entre el Gobierno y el CNA, y plantea interrogantes sobre el control de fondos públicos destinados a proyectos sociales. La SEGOB busca dejar claro que no ejecuta ni fiscaliza dinero, sino que remite informes y actúa conforme a la ley, siendo el TSC y los entes ejecutores quienes deben rendir cuentas.
El comunicado subraya que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está tomando acciones concretas contra la corrupción heredada y que no permitirá que se distorsione su gestión con fines partidarios. También deja claro que la SEGOB no maneja fondos públicos directamente, y que la verdadera responsabilidad recae en quienes aprobaron los recursos desde el Congreso en años anteriores.
