Johel Zelaya el Fiscal General interino que asumió la titularidad del Ministerio Público el día de ayer, luego de ser electo por la Comisión Permanente del Congreso Nacional en cumplimiento al artículo 208 de la Constitución, ha ordenado de oficio a la Dirección General de Fiscales y a la Fiscalía Especializada en delitos tributarios, una investigación sobre las empresas que denunció el Titular del SAR, Marlon Ochoa dónde presentó 20,000 páginas de documentos oficiales contra las 10 familias más ricas del país.

El pasado miércoles 13 de septiembre Ochoa se apersonó a las instalaciones del Ministerio Público con las siguientes pruebas:

• Declaraciones de impuestos,
• Declaraciones aduaneras,
• Resoluciones de exoneraciones,
• Expedientes administrativos de diversas Secretarías de Estado y otras.

El antiguo Fiscal Adjunto, Sibrían que usurpó la titularidad del Ministerio Público hasta el 02 de septiembre, nunca le dio el debido proceso a la denuncia. Las nuevas autoridades del MP, tanto Zelaya como su adjunto Mario Morazán, juraron ante la Constitución y el país mediante resolución No. 0001-2023 de la Comisión Permanente del Congreso Nacional primar los intereses nacionales, tienen la tarea histórica de luchar contra las redes de corrupción público privadas que imperan en el país con total impunidad.

Por concepto de exoneraciones, el país deja de percibir 42 mil millones de lempiras anuales y durante 10 años se ha dejado de percibir lo equivalente a la deuda externa e interna del país, una corrupción que fue legalizada durante la Narco dictadura, instrumentalizando el Congreso Nacional como caja de trámites para la elite que se rehúsa a pagar impuestos y se ha enriquecido a costa del despojo y la desigualdad social.

Chinchilla luego de una década al frente del Ministerio Público es en gran medido responsable por su inacción de convertir a Honduras en un paraíso fiscal, frente a esto, a parte de iniciar de inmediato acciones penales por parte del Ministerio Público, se necesita una reforma estructural en materia fiscal del país, como lo plantea la Ley de Justicia Tributaria que se impulsa desde el ejecutivo.