El Poder Ejecutivo de Honduras formalizó, a través de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, los nombramientos de la abogada Reina Rivera y el ingeniero Héctor Espinal como sus representantes ante la asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

La oficialización de estos designados, que ya participaron en la asamblea del organismo de sociedad civil, se sustenta en el marco legal del CNA. Específicamente, el segundo párrafo del artículo 4 de su ley faculta al presidente de la República para designar a dos integrantes a título personal.

La ley establece que los seleccionados deben ser personas de reconocida buena reputación y, crucialmente, que no formen parte de la estructura del Gobierno.

En este contexto, la función de Rivera y Espinal se enmarca estrictamente como un nombramiento personal y ad honorem, sin establecer ningún vínculo o dependencia administrativa directa con el Poder Ejecutivo.

Esta disposición legal subraya la autonomía de su rol, que no responde a una directriz gubernamental, sino a una designación individual para participar en el órgano que agrupa a una significativa parte de la sociedad civil hondureña.