En una medida de urgencia que sacude el panorama institucional del país, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó este domingo una acción de Hábeas Corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de salvaguardar la integridad de dos de las máximas autoridades electorales.
La acción legal fue interpuesta a favor de la doctora Ana Paola Hall García y la abogada Cossette Alejandra López-Osorio, ambas consejeras propietarias del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según el comunicado oficial del organismo, la medida responde directamente al desconocimiento actual del paradero de ambas funcionarias.
Un recurso preventivo y garantista
La Procuraduría detalló que el objetivo primordial es que el órgano jurisdiccional verifique, de manera inmediata, la situación personal de las consejeras. El Estado busca garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales, tales como la libertad, la integridad física y la vida.
«La incertidumbre objetiva existente sobre el paradero y las condiciones en que ejercen sus funciones las consejeras del CNE trasciende el ámbito individual y podría afectar la estabilidad institucional y política del país», reza el documento oficial.
Riesgo para la democracia y la paz social
Para el ente procurador, la desaparición o falta de comunicación con las autoridades electorales no es un asunto menor, pues impacta directamente en la seguridad de la Nación y en la confianza ciudadana de cara al proceso electoral.
La institución enfatizó que el Hábeas Corpus se ha promovido como una medida estrictamente jurídica y preventiva, con el fin de resguardar el orden constitucional vigente. Asimismo, la PGR reafirmó su compromiso con el estricto apego a la ley y a los tratados internacionales de derechos humanos.
A la espera de la Sala de lo Constitucional
Tras la presentación del recurso el 21 de diciembre, la Procuraduría se mantendrá atenta al trámite y a las diligencias que ordene la Sala de lo Constitucional. Se espera que los resultados de esta acción judicial brinden la certeza necesaria tanto a las familias de las favorecidas como a la sociedad hondureña en general.
