El Plan de Seguridad Alcázar, ejecutado entre el 4 de septiembre de 2025 y el 10 de enero de 2026, marca un antes y un después en la lucha contra el crimen en Honduras.
Bajo el liderazgo del gobierno de LIBRE y el mandato de la presidenta Xiomara Castro, las cifras reflejan una ofensiva sostenida contra la delincuencia común, el narcotráfico y el crimen organizado.
De acuerdo con los datos oficiales, durante este período se logró el decomiso de 814 armas de fuego y más de 3,100 armas blancas, además de la incautación de más de 333 mil lempiras vinculados a actividades ilícitas. En materia de seguridad ciudadana, se reportan 1,882 personas detenidas por delitos, 484 capturas con orden judicial y 227 miembros de maras, pandillas y estructuras criminales neutralizados.
Uno de los golpes más contundentes fue al narcotráfico y microtráfico. Las autoridades decomisaron 463,028 plantas de coca, 895 kilos de cocaína, más de 7,200 plantas de marihuana, 3,956 libras de esta droga y más de 6,100 piedras de crack, además de ejecutar 775 allanamientos positivos, una cifra sin precedentes en años recientes.
El plan también impactó directamente el orden vial y el control territorial, con el decomiso de más de 12,600 permisos de conducir, 1,741 vehículos motorizados, la recuperación de 170 vehículos robados y el registro de 1,928 negocios de venta de bebidas alcohólicas, junto al decomiso de 16,364 bebidas alcohólicas.

Desde el ámbito político, estas acciones reflejan un cambio de enfoque en la política de seguridad, luego de más de una década en la que este rubro fue debilitado, sin estrategia integral ni resultados sostenidos. Con LIBRE en el gobierno, la seguridad vuelve a ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional, con operativos visibles, coordinación institucional y presencia efectiva del Estado en las calles.
El Plan Alcázar no solo deja números, sino un mensaje claro a la población: el Estado retoma el control, enfrenta al crimen y apuesta por la protección de la ciudadanía, rompiendo con años de abandono e improvisación en materia de seguridad pública.

