El Poder Judicial de Honduras emitió un comunicado este 24 de octubre de 2025 en el que rechazó las declaraciones del ciudadano Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, por comentarios realizados durante un foro en la Universidad de San Pedro Sula.

La institución calificó como falsas, irresponsables y ofensivas las expresiones de Nasralla, quien insinuó que personas privadas de libertad “enamoran a las juezas” o mantienen relaciones impropias con ellas.

Además, el Poder Judicial consideró estas afirmaciones como una agresión directa a la dignidad del cuerpo judicial, especialmente hacia las mujeres que integran el sistema con mérito, sacrificio y compromiso.

Asimismo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lizette Ráquel Obando, también se pronunció al respecto, afirmando y expresando su rechazo enérgico a las declaraciones del candidato presidencial Salvador Nasralla.

Declaraciones de Rebeca Ráquel Obando

“la honra y el trabajo de las juezas hondureñas no pueden ser manchados por afirmaciones irresponsables”.

«Rechazo enérgicamente las declaraciones del candidato presidencial Salvador Nasralla, que constituyen una falsedad ofensiva contra la dignidad de las juezas hondureñas».

Aparte, en el comunicado, el Poder Judicial reiteró que no tolera conductas contrarias a la ética o la moral pública, y que cualquier denuncia o irregularidad debe ser investigada con rigor y transparencia por las autoridades competentes. Sin embargo, consideró inaceptable generalizar y denigrar al sistema judicial con insinuaciones sin pruebas, sobre todo viniendo de un actor político.

Recordando que las condiciones y el régimen de las personas privadas de libertad son responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario (INP), por lo que atribuir privilegios al Poder Judicial en los centros penitenciarios es “falso y malintencionado”.

La institución reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia imparcial, exhortando a los actores políticos a ejercer su libertad de expresión con verdad, prudencia y responsabilidad, para no socavar la confianza pública en el sistema judicial.


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