Fuentes a lo interno del Consejo Nacional Electoral (CNE) filtraron documentación en la que se evidencia la contratación de los servicios del exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arístides Mejía como consultor de ese órgano.

Mejía estaría percibiendo un pago mensual de 180 mil lempiras (L), por asesorar a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, representantes del bipartidismo (Partido Nacional y Partido Liberal).

Para muchos, las labores de Mejía consisten también en defender a capa y espada el fraudulento sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), aprobado por las dos consejeras del bipartidismo de forma ilegal.

Cabe recordar que el consejero Marlon Ochoa realizó una fuerte denuncia contra ese TREP tras revelar que estaría diseñado para repetir el esquema de fraude electoral que marcó los comicios de 2013 y 2017.

Oscuro plan de perpetrar un nuevo golpe de Estado

Mejía es señalado también como pieza clave de una presunta conspiración que busca desestabilizar el orden constitucional, en medio del proceso electoral programado para el próximo 30 de noviembre.

Las versiones han sido alimentadas por el mismo hecho de su contratación en el CNE, con vínculos directos al bipartidismo y sus aliados.

Es de mencionar que, en la agenda noticiosa de los medios de comunicación de la oligarquía, Mejía es considerado ahora como un referente, dando declaraciones desde diversas posiciones como analista político, exministro de Defensa y exmiembro del TSE.

Sus más recientes declaraciones tienen que ver también con críticas a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), por lo que su rol en el presunto plan oscuro que atenta contra la voluntad del pueblo hondureño toma mayor fuerza.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, han reiterado este mismo viernes que garantizarán unas elecciones limpias, confiables y seguras. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, subrayó que la institución castrense actuará con firmeza para resguardar la democracia.

La posibilidad de que actores cercanos al CNE estén involucrados en movimientos desestabilizadores eleva el nivel de preocupación sobre la transparencia y la neutralidad del proceso electoral.

La ciudadanía y organismos de derechos humanos han llamado a la prudencia, a la verificación rigurosa de los hechos y a la defensa de la legalidad.

También han pedido al Ministerio Público y a la comunidad internacional estar atentos ante cualquier intento de alterar el orden democrático por parte del bipartidismo y sus aliados.