Honduras se acerca a un nuevo proceso electoral en noviembre 2025 bajo la sombra de viejas prácticas fraudulentas que ya fueron expuestas, documentadas y condenadas por tribunales internacionales, especialmente en Estados Unidos.
Durante los comicios de 2013 y 2017, Honduras vivió algunos de los fraudes electorales más graves de América Latina. Las denuncias no provinieron únicamente de partidos políticos o actores nacionales.
Fueron testigos federales, agentes de la DEA y fiscales del Departamento de Justicia de EE.UU. quienes relataron en juicios en Nueva York cómo el proceso electoral hondureño fue manipulado con apoyo del narcotráfico y aval institucional.
FRAUDE CON RESPALDO JUDICIAL: LO QUE SE DIJO EN LAS CORTES
En los juicios contra Tony Hernández y posteriormente Juan Orlando Hernández (JOH), el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó pruebas claras de cómo millones de dólares provenientes del narcotráfico fueron utilizados para financiar campañas electorales.
Además de los sobornos, se describió cómo el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP) fue manipulado, las actas fueron alteradas o retenidas, y se ejecutaron apagones informáticos orquestados para revertir tendencias desfavorables, todo con el consentimiento de las máximas autoridades del entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE), encabezado por David Matamoros Batson.
“Esto no es especulación política ni teoría conspirativa: fue leído ante jueces federales en Nueva York como parte de una red de corrupción político-narco-electoral”, señala un abogado internacionalista consultado por el medio Pro-Honduras Network.
EL PATRÓN QUE SE REPITE EN 2025
A pesar del peso de esos antecedentes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) específicamente Cossette Lopéz y Ana Paola Hall ha propuesto un sistema de conteo que muchos expertos consideran una reedición de las tácticas de 2013 y 2017.
Entre los puntos más preocupantes destacan:
• Priorizar el conteo manual de actas sobre la transmisión en tiempo real vía TREP, lo que genera dudas sobre la oportunidad y transparencia de los resultados.
• Excluir del conteo preliminar las actas que no cuenten con validación biométrica en tiempo real, lo cual podría dejar fuera hasta el 38% de las mesas electorales en zonas rurales y marginadas.
• Limitar la divulgación de datos iniciales, creando un vacío informativo propenso a la manipulación mediática y política.
Estos mecanismos abren la puerta a retrasar, filtrar y maquillar resultados antes de que lleguen al escrutinio público.
A diferencia de hace una década, la manipulación ya no requiere apagar servidores o cortar la energía a centros de cómputo. Ahora, algoritmos mal diseñados o deliberadamente sesgados pueden:
• Clasificar actas como “inválidas” de forma automatizada.
• Priorizar la carga de resultados según intereses políticos.
• Retener datos críticos bajo excusas técnicas.
• Y sobre todo, ocultar la manipulación detrás de interfaces complejas que dificultan el escrutinio ciudadano.
El peligro es mayor porque se tecnifica el fraude. Ya no es evidente como antes. Se disfraza de modernización, pero es control político disfrazado de innovación. Y el rol del Consejero del CNE y representante del Partido LIBRE, Marlon Ochoa ha sido claro con su mensaje donde da a conocer el modelo de fraude que el bipartidismo quiere entrometer.
Lo ocurrido en 2013 y 2017 no solo fue escandaloso: fue determinante para consolidar una dictadura que dejó una estela de corrupción, represión y migración forzada.
Hoy, en 2025, la ciudadanía exige elecciones limpias, transparentes, con resultados públicos, completos y en tiempo real. Cualquier intento de reeditar el fraude debe ser denunciado, vigilado y rechazado desde la organización ciudadana, la comunidad internacional y los propios órganos de justicia.
