Un juez de criminalidad organizada y corrupción dictó detención judicial y ordenó la prisión preventiva para nueve de los quince imputados en una red de corrupción que causó un perjuicio de 45 millones de lempiras a la alcaldía de San Pedro Sula.
La decisión se tomó luego de la audiencia de declaración de imputados, en la que se les acusó de varios delitos, entre ellos, violación de los deberes de los funcionarios, lavado de activos, fraude y tráfico de influencias.
Los implicados
Algunos de los cuales eran empleados de la alcaldía municipal, responden a los nombres de Marlen Karina Mena, Eunice Alejandra Maya, Osmand David Chávez, Denis Yamil Paz, Olga Estela Ávila, Luis Fernando Hernández, Malcolm Jonathan Morales y Andrea Fabiola Pertomo. Estos se presentarán a su audiencia inicial el próximo viernes 26 de septiembre a las ocho de la mañana.
Según la licenciada Bárbara Castillo, portavoz de los Tribunales de Criminalidad Organizada y Corrupción, aún están vigentes las órdenes de captura para las seis personas restantes, que se presume formaban parte de la misma red de corrupción.
Este proceso judicial resalta una vez más la corrupción sistémica que afecta las instituciones del Estado y que continúa empobreciendo a la población hondureña.
Un llamado a la justicia para todos
Este caso, que desvela la podredumbre en las esferas de poder, es una oportunidad para demostrar que nadie está por encima de la ley. La exigencia de la ciudadanía por una justicia implacable debe ser el motor que impulse la depuración de las instituciones y castigue a quienes se aprovechan de su posición para robar el dinero del pueblo.
El sistema judicial hondureño tiene en sus manos la responsabilidad de sentar un precedente claro y contundente: la corrupción se paga, y con la cárcel.
