El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, lanzó una enérgica advertencia al pueblo hondureño, denunciando un presunto plan para imponer un fraude electoral en las próximas elecciones generales de 2025, el cual, según sus declaraciones, replicaría los esquemas de manipulación y financiamiento ilícito observados en los comicios de 2013 y 2017.
En un contundente mensaje, Redondo afirmó que Honduras no puede edificar su democracia sobre la impunidad y exigió que la historia reconozca que las elecciones pasadas «no fueron libres ni limpias». El funcionario basó sus acusaciones en documentos judiciales oficiales del Distrito Sur de Nueva York, los cuales, asegura, evidencian que los procesos de 2013 y 2017 estuvieron marcados por financiamiento del narcotráfico, fraude sistemático y manipulación desde el entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Acusaciones Respaldadas por Documentos de EE. UU.
Redondo citó extensamente el caso 115-CR-379-PKC y el documento 554 de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, así como el expediente de apelación 24-18-68-L de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos de América para el Segundo Circuito, fechado el 30 de junio de 2025. Según el presidente del Congreso, estos documentos revelan cómo el narcotráfico infiltró el sistema electoral para asegurar victorias a favor de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional.
Entre los detalles más impactantes, Redondo mencionó:
- Manipulación de actas en 2013: Narcotraficantes habrían enviado emisarios para tomar el control de centros de votación en El Paraíso, facilitando la emisión de aproximadamente 3,000 actas fraudulentas en apoyo a Juan Orlando Hernández y Pepe Lobo.
- Sobornos a diputados y alcaldes: Se habría utilizado dinero del narcotráfico para sobornar a diputados de Copán y a alcaldes de la región, con el fin de asegurar el apoyo a Hernández para la presidencia del Congreso Nacional y posteriormente para la Presidencia de la República.
- Financiamiento del Chapo Guzmán: Redondo afirmó que Joaquín «El Chapo» Guzmán habría entregado un millón de dólares a Tony Hernández para financiar la campaña de Juan Orlando, a cambio de protección para sus envíos de droga a través de Honduras.
- Acuerdos para el fraude: Se citó que Juan Orlando Hernández, al ser informado por Alexander Ardón sobre la necesidad de sobornar a delegados de mesas de votación para alterar resultados, habría respondido «el fin justifica los medios y que tenían que hacer lo que fuera necesario para ganar».
- Fraude en 2017: La Fiscalía de Nueva York habría confirmado que Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional controlaban las instituciones para facilitar su reelección mediante corrupción, manipulando las elecciones de 2017 con ganancias del narcotráfico, incluyendo el cierre del sistema informático del TSE y la interrupción en el reporte de resultados.
Nueva Amenaza Electoral y Violación de la Ley
El punto central de la denuncia de Redondo es la preocupación por el próximo proceso electoral de 2025. El presidente del Congreso criticó una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), contenida en el Acta número 34-2025, que aprueba un pliego de condiciones para la implementación de un Sistema para Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Escrutinio General y Divulgación de Resultados.
Redondo argumenta que esta aprobación, realizada por mayoría de votos (2 a 3) en el CNE, establece una nueva fase o etapa en el proceso electoral que no está previamente establecida en la Ley Electoral. Señaló que la creación de un «nuevo organismo electoral» por medio de un pliego de contratación violenta múltiples artículos de la Ley Electoral y el artículo 205 numeral 1 de la Constitución de la República.
El presidente del Congreso enfatizó que el CNE no tiene la facultad de reformar la Ley Electoral mediante un pliego de condiciones, y que la implementación de una segunda transcripción manual de actas, previo a la divulgación de resultados preliminares, es un procedimiento ilegal que reproduce el modelo de fraude de 2013 y 2017.
Llamado a la Transparencia y Reversión de la Decisión
Redondo instó al CNE a revertir su decisión, argumentando que la misma socava la confianza del pueblo en el proceso electoral y que, además, implica responsabilidad penal para los consejeros. Hizo un llamado público para que los miembros del CNE se comprometan a no interferir directa o indirectamente en la divulgación de los resultados preliminares, fortaleciendo así la institucionalidad y la credibilidad del proceso.
El presidente del Congreso lamentó el «silencio» de varios medios de comunicación frente a la información proveniente de los tribunales de Estados Unidos y reafirmó su compromiso de luchar por elecciones limpias y transparentes que respeten la voluntad popular.

