Requerimiento fiscal contra coronel por muertes post electorales 2017

Requerimiento fiscal contra coronel por muertes post electorales del 2017

En una acción contundente, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida ha presentado un requerimiento fiscal con orden de captura contra el coronel Víctor Alonzo Ponce Martínez, señalándolo como presunto responsable de cinco delitos de homicidio acontecidos durante las protestas desatadas tras los resultados electorales de 2017.

Las víctimas identificadas en este caso son: Víctor Evelio Martínez Álvarez, Roger Alberto Vásquez Reyes, José David Ramos Lamber, Mauricio Yonathan Echeverría Hernández y Michael Yair Ponce Sauceda.

Según el relato de los hechos investigados por el Ministerio Público, el primero de diciembre de 2017, un grupo de ciudadanos protestaba en una calle de la Colonia López Arellano de San Pedro Sula. En respuesta, el coronel Ponce Martínez, al frente de 172 policías militares del orden público, se desplazó al lugar con el objetivo de dispersar a los manifestantes.

Ciudadanos protestando por el fraude electoral de las elecciones del 2017

Durante la operación de desalojo, los manifestantes intentaron permitir el paso de un conductor de rastra que afirmaba llevar a un familiar enfermo hacia un hospital. En este punto, los policías militares, siguiendo las instrucciones del coronel, adoptaron una posición agresiva y abrieron fuego contra los manifestantes, resultando en la trágica muerte de cinco ciudadanos que quedaron tendidos en la carretera.

Tras los disparos, varios policías militares comenzaron a perseguir a los pobladores, propinándoles golpes con sus armas, toletes y patadas, lo que resultó en numerosas personas heridas en medio del pánico y la confusión.

Represión por parte de la policía en contra de los manifestantes en 2017

Asimismo, los militares implicados esparcieron tierra sobre los charcos de sangre en el lugar del incidente en un intento de ocultar las evidencias.

Este requerimiento fiscal representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, así como en la rendición de cuentas de aquellos responsables de violaciones graves de los derechos humanos durante un período crítico en la historia política de Honduras.


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