La renuncia de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, ha desatado una fuerte polémica que pone en evidencia las presiones indebidas ejercidas desde distintos sectores políticos, particularmente por del candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla.

El propio Nasralla admitió en conferencia de prensa, que él pidió varias cosas a Hall para que ejecutara en el CNE. Entre las exigencias planteadas por él, está la solicitud de convocar al pleno del CNE sin la presencia de los tres consejeros, es decir solo con dos, lo cual va en contra de la normativa que rige la institucionalidad electoral en Honduras.

Asimismo,  Nasralla le pidió sustituir a la empresa encargada de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), basándose en una supuesta recomendación de congresistas estadounidenses. Si Hall aceptaba hacerlo, incurriría en delitos que más adelante podría ser penado por la ley.

Y es que manipular la contratación de la empresa que transmita los resultados electorales, implica en violación a los deberes de los funcionarios y hasta fraude. 

Esta presión habría ocurrido en un contexto donde los sectores más conservadores del bipartidismo y de Estados Unidos, insisten en imponer reformas a conveniencia para controlar los comicios de noviembre.

A pesar de que Salvador Nasralla admitió públicamente que hizo dicha solicitud, los medios tradicionales no le cuestionaron el carácter ilegal de sus peticiones. Por el contrario, su narrativa fue difundida sin filtro alguno, mientras que Hall quien se mantuvo firme en su rechazo a esas presiones fue blanco de críticas tras su dimisión.

Hall dejó claro que no se prestaría a “ninguna actuación que violente la ley”, lo que evidencia que su salida responde a un intento por preservar la institucionalidad frente a presiones políticas que buscaban manipular las decisiones internas del CNE.

Este nuevo capítulo revela no solo el intento de sectores políticos de imponer sus intereses sobre el ente electoral, sino también la falta de escrutinio hacia figuras como Nasralla, cuya exigencia reconocida públicamente fue ignorada por gran parte del aparato mediático, dejando en entredicho su imparcialidad.

La situación revive los temores de volver a prácticas fraudulentas del pasado, donde actores políticos buscaban controlar la transmisión y validación de resultados electorales, tal como ocurrió en los años 2013 y 2017.