La ENEE lanzó licitación histórica que pone fin al sistema amañado que durante décadas solo benefició a las 10 familias más ricas del país.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), vuelve a hacer berrinche, esta vez, con una demanda contra el Estado de Honduras por ofertar una licitación pública internacional que pone fin al modelo energético que, durante décadas, favoreció a su pequeño círculo empresarial.
La licitación lanzada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) abre la competencia para 1,500 megavatios bajo condiciones claras, iguales y vigiladas públicamente.
ADIÓS PRIVILEGIOS PARA EL COHEP
Por primera vez, todos los oferentes (nacionales e internacionales) deberán competir sin tener la carrera arreglada de antemano. Como durante décadas sucedía con el COHEP.
Bajo el narcogobierno cachureco más del 80% de los contratos energéticos fueron adjudicados sin licitación.
Solo en 2010, un año después del golpe de Estado, la narcodictadura otorgó 56 contratos de forma directa.
Y en 2014, la cifra ascendió a 104, fue la época dorada para los negocios del COHEP. Donde obtenían privilegios y contratos que empobrecían al pueblo hondureño.
La reacción del COHEP no se explica por razones técnicas ni jurídicas. Sino por miedo a perder millones de lempiras, contratos, precios inflados y cero competencias reales.
La licitación actual no es improvisada ni electoralista, como insinúan desde la cúpula empresarial. Está incluida desde 2023 en el Plan Nacional de Energía, con metas claras hasta 2030, y responde a una crisis estructural del sistema energético que urge atender antes de que sea insostenible.
El ministro de Finanzas, Christian Duarte, a través de su su cuenta oficial de X afirmó:
“La ENEE ha lanzado la histórica licitación pública internacional de 1,500 megawatts y ha roto el vergonzoso modelo corrupto de adjudicación de contratos que operó durante décadas, beneficiando a la élite económica y al bipartidismo, dilapidando la ENEE y encareciendo el precio de la energía para el pueblo«.
Este acto demuestra que el país ya no está gobernado por grupos económicos que dictaban desde el COHEP quién ganaba, cuánto cobraba y a quién se excluía. Ahora tendrán que competir como en cualquier otro país.
Los contratos ya no se diseñan en oficinas privadas, sino con reglas públicas. Y los tiempos en que se protegía al empresario por encima del pueblo quedaron atrás.
