La madrugada de este sábado, Tegucigalpa despertó con una nueva tragedia de la corrupción: el colapso parcial del paso aéreo ubicado en la colonia 21 de Octubre, una estructura que fue inaugurada durante el gobierno de Juan Orlando Hernández y ejecutada por la cuestionada institución INVEST-H.

La obra, valorada en 7 millones de dólares, fue construida por una empresa que desapareció poco tiempo después de su ejecución, dejando al Estado sin posibilidad de exigir responsabilidad civil o penal.

Esta estructura apenas alcanzó los 9 años de vida útil antes de venirse abajo, dejando a un conductor de carga pesada gravemente herido y paralizando el tránsito en una de las vías más transitadas de la capital.

Este puente forma parte del “legado” de infraestructura promovido por la NarcoDictadura del Partido Nacional, un régimen que se caracterizó por la corrupción desbordada y poner en riesgo la vida de los ciudadanos con obras sin garantías ni supervisión real.

A esto se suma el hecho de que el colapso representa una doble pérdida: no solo se destruyó la estructura aérea, sino que además se perdió un vehículo tipo “Dragón” utilizado para pavimentación rápida, herramienta clave para los trabajos de mantenimiento vial de la alcaldía.

Este hecho deja sin acceso vial a miles de ciudadanos que diariamente utilizan esta ruta para movilizarse entre San Felipe y la colonia San Miguel. Las autoridades de la AMDC informaron que en las próximas horas anunciarán rutas alternas para quienes se desplazan desde Valle de Ángeles o zonas aledañas hacia el centro de Tegucigalpa.

El secretario de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, ha informado que se abrirá una investigación para determinar responsabilidades y entender por qué esta obra, ejecutada bajo el modelo público-privado, colapsó en tan corto tiempo.

La caída de este puente es el símbolo perfecto del colapso moral, técnico y estructural del modelo corrupto que gobernó Honduras durante más de una década. Hoy, los hondureños pagan con su seguridad y su movilidad las consecuencias de contratos opacos y favores políticos disfrazados de “desarrollo”.