La extinta Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), es la personificación de la corrupción legalizada en la noche oscura de la narcodictadura, una válvula abierta para el financiamiento de las campañas asistencialistas del Partido Nacional. L 160 millones de perjuicio en proyectos no liquidados.
Contra la extinta SEDIS se deriva una denuncia penal y la identificación de un perjuicio económico de más de L 160 millones en concepto de proyectos no liquidados, proyectos ejecutados superiores a lo desembolsado y metros cuadrados liquidados inferiores a lo acordado.
La actual Secretaría de Desarrollo Social -SEDESOL- se ha mostrado abierta para garantizar que las autoridades competentes tengan el acceso al Sistema de Seguimiento de Proyectos (SISEP), utilizado para el monitoreo y liquidación de los fondos empleados para la ejecución de los proyectos sociales.
ONG, una forma legalizada de Corrupción
A través de proyectos de viviendas, piso y de techo ejecutados por varias ONG en el período comprendido de 2018 a 2021, se publicó la revisión a 202 convenios en estatus no liquidado. Ante el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público se han presentado acusaciones formales en contra de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y exfuncionarios de la extinta SEDIS, orquestada a través de proyectos financiados por el fondo de solidaridad y protección social para la reducción de la pobreza.
El proceso para la asignación de convenios inició con la creación del proyecto de viviendas, techos y pisos adjudicados a las ONG que no acreditaron experiencia materia de construcción.
SEDIS realizó desembolsos a las ONG sin que estas liquidaran la totalidad de los fondos. Ante este hallazgo -y al identificar inconsistencias entre lo reportado en el SISEP y lo que establecían los contratos. Mediante inspecciones de campo se comprobó que la ejecución del metraje es inferior a la cantidad de la consignación, incluso, a la liquidación y que los proyectos de piso y de techo no cumplen con los lineamientos establecidos.
También se verificó in situ que los beneficios de pisos y techos se colocaron en lugares no autorizados como pasillos o áreas externas de las casas, pese a que las propuestas del ejecutor especificaban que su colocación debía ejecutarse en áreas internas de la vivienda.
Robar, robar, la lógica del Partido Nacional
Además de casas inconclusas y errores constructivos, se observó la colocación de puertas de madera en exteriores y no puertas metálicas, como lo estipula el convenio. De los 40,554 proyectos de pisos y techos, la cantidad pactada de metros cuadrados a ejecutar debía ser de 35 m2 por cada beneficiario; no obstante, en promedio, solo se liquidaron 32 m2; es decir, por cada piso y techo que se colocó, el beneficiario en promedio no recibió 3 m2, lo que se traduce en una falta de ejecución de beneficios que asciende a más de L 35 millones.
Mediante el análisis de documentación, revisión de convenios y de la plataforma SISEP, se identificó que 151 ONG recibieron la cantidad de L550,424,117.04; de ese monto no efectuaron la liquidación total de lo erogado por la SEDIS. No existe evidencia de que se ejecutaron o realizaron los proyectos por un valor de L 133,004,581.00, saldo que debió ser reintegrado a las cuentas del Estado o ejecutar los proyectos restantes, según convenios.
La falta de supervisión y control fue tal que también se identificó 47 proyectos liquidados por encima del monto desembolsado por SEDIS, Debido a lo anterior, la SEDIS registra más de siete millones de lempiras adicionales.
La responsabilidad incurre tanto en las organizaciones privadas como en los encargados en ese momento de la administración pública, el reflejo de la corrupción pública privada que impera en Honduras y que es protegida y legalizada por los poderes fácticos.
Se interpuso una denuncia por la posible comisión del delito de fraude y violación a los deberes de los funcionarios públicos para dos ex-subsecretarios de SEDIS y por un posible fraude cuya responsabilidad abarca a 11 presidentes/directores de las ONG.
Fuente: CNA
