La Secretaría de Finanzas de Honduras (SEFIN), encabezada por el ministro Christian Duarte, ha anunciado que tomó acciones legales contra el medio digital Radio Cadena Voces (RCV) por los delitos de injuria y calumnia, luego de que un reportaje publicado el 17 de marzo acusara al gobierno de usar fondos de la Tesorería General de la República (TGR) para financiar las elecciones primarias del partido Libertad y Refundación (Libre). Esta acusación, totalmente falsa y carece de base documental.
El reportaje de RCV señalaba un supuesto incumplimiento de las obligaciones financieras del país, afirmando que la TGR había sido utilizada para financiar las elecciones. Sin embargo, la SEFIN desmintió enfáticamente estos señalamientos, asegurando que el saldo de la Caja Única del Tesoro (CUT) al 6 de marzo no presentó ningún déficit, contrariamente a la cifra de L6,500 millones mencionada por el medio. Según los datos oficiales del Banco Central de Honduras (BCH), el saldo era superior a L8,249 millones.
En un comunicado, la SEFIN también aclaró que no hubo desvío de recursos hacia instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) o el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) antes de las elecciones primarias. Además, reafirmaron que el gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales, incluyendo el pago de deuda pública, salarios y pagos a proveedores.
La Secretaría destacó el compromiso de la administración actual con la transparencia, señalando que han liquidado fideicomisos corruptos y solicitado auditorías externas. Según SEFIN, la rendición de cuentas es un proceso continuo y está garantizado por los informes anuales del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La acción legal contra RCV se interpondrá este jueves 20 de marzo a las 10:00 am en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, según se indicó en el comunicado DCI-014-2025. La SEFIN exige que el medio publique una réplica en todos sus espacios y programe la lectura del comunicado en sus programas radiales, de acuerdo con lo que establece la ley.
El gobierno subrayó que, si bien la libertad de expresión está protegida, la difusión de información falsa que dañe la reputación de las personas o instituciones no está amparada por la ley. La Secretaría finalizó su pronunciamiento advirtiendo que la lucha contra la desinformación y la calumnia es fundamental para la democracia y el bienestar del país.
