La reciente postura firme y legal de los consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes se han pronunciado contra la toma de decisiones sin el quórum establecido por ley, ha desatado una intensa campaña mediática de presión.
El canal Televicentro estaría promoviendo una narrativa de deslegitimación mediante el uso de “analistas” con claros vínculos políticos y conflictos de interés.
El artículo 12 de la Ley Electoral establece que el CNE solo puede sesionar y tomar decisiones con la presencia de al menos tres consejeros, de los cuales dos deben ser propietarios. Cualquier resolución tomada fuera de este marco legal carece de validez. Esta ha sido la posición sostenida por los consejeros suplentes, Karen Rodríguez y Carlos Cardona quienes insisten en que sin legalidad no puede haber transparencia ni confianza en el proceso electoral.
Ante esta situación, el medio corporativo Televicentro lanzo una estrategia de presión mediática orquestada por sectores afines al bipartidismo. Quienes buscan intimidar y debilitar la postura jurídica de los consejeros, utilizando el poder de los medios como arma política.
Entre los supuestos “analistas” convocados por Televicentro figuran exfuncionarios, abogados y comentaristas vinculados a partidos tradicionales, lo que ha generado suspicacias sobre la objetividad de los contenidos difundidos.
Especialmente de German Lobo, quien Televicentro lo presenta como exconsejero suplente del CNE pero en realidad y en la actualidad es miembro del Partido Liberal. Otro claro ejemplo es Javier Sandoval quien es abogado y militante del Partido Liberal también. De igual forma Leonel Núñez lo mencionan como abogado pero se les olvida mencionar que va de candidato a diputado por el Partido Nacional.
Esta no es la primera vez que se denuncia el papel de algunos medios de comunicación en la manipulación del discurso electoral. Durante los procesos de 2013 y 2017, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales documentaron el uso de los medios para legitimar procesos fraudulentos y para atacar a quienes denunciaban irregularidades.
Cuando los medios se convierten en operadores del poder, la democracia entra en zona de riesgo. No se puede permitir que la intimidación mediática sustituya al debate jurídico ni al cumplimiento de la ley.
Y desde distintos sectores sociales y ciudadanos se exige respeto al marco legal y libertad de conciencia para los consejeros del CNE, frente a lo que se percibe como un intento de imponer decisiones ilegales bajo presión mediática.
