El juicio sobre la «Tasa de Seguridad» en la Corte del Distrito Sur de la Florida, expone a una presunta red de corrupción que, según la fiscalía, desvió miles de millones de lempiras de fondos destinados a la seguridad pública de Honduras.

Durante el cuarto día del proceso, el testimonio de co-conspiradores reveló cómo un esquema transnacional de sobornos penetró y corrompió las instituciones hondureñas.

Detalles de la trama: contratos inflados y sobornos

El día se centró en los testimonios de Aldo Marchena y Luis Berkman, exejecutivos de la compañía Atlanco.

Marchena, quien se declaró culpable de lavado de activos, confesó haber recibido 2.5 millones de dólares de Atlanco para canalizar sobornos a funcionarios hondureños.

Por su parte, Luis Berkman confirmó que los sobornos, que oscilaban entre el 20 % y 25 % del valor de los contratos, eran «esenciales» para asegurar acuerdos con la Policía Nacional y abrir más negocios.

Las evidencias presentadas, que incluyen registros financieros y correos electrónicos, muestran que los pagos se disfrazaban como «honorarios de intermediación» y se canalizaban a través de empresas fachada en cuentas de Estados Unidos y Belice.

Los fiscales mostraron cómo facturas infladas y contratos por valor de hasta 5.6 millones de dólares contenían anotaciones sobre «comisiones» destinadas a la corrupción.

Reuniones y complicidad de alto nivel

El testimonio de los exejecutivos también vincula directamente a importantes figuras del gobierno anterior.

Se presentaron fotografías de reuniones en el Hotel Intercontinental de Miami, en las que participaban los empresarios acusados junto al exministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, lo que evidencia la complicidad entre el poder político, militar y empresarial.

Mañana, en el quinto día del juicio, subirá al estrado un testigo clave: Juan Ramón Molina, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en el Comité de la Tasa de Seguridad, quien tenía derecho a veto en la administración de los fondos.

Se espera que su testimonio exponga la participación del sector privado en el desvío de los fondos de seguridad.

El 911: Una continuación del mismo esquema

El juicio también ha revelado la conexión entre la Tasa de Seguridad y el fraude del Sistema Nacional de Emergencias 911. Los fiscales han calificado a ambos como «la cascada de sobornos», un sistema de corrupción que se replicó para desviar fondos públicos bajo la excusa de la seguridad.

Mientras tanto, la defensa ha intentado desacreditar a los testigos colaboradores, alegando que los pagos eran «prácticas comerciales legales» y que la culpa del esquema de corrupción recae en los propios ejecutivos de las empresas.

Sin embargo, la fiscalía ha insistido en que los sobornos fueron parte de un plan sistemático que convirtió a las instituciones hondureñas en un vehículo para el enriquecimiento ilícito.