En medio de una creciente controversia, las aguas del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), se agitan con acusaciones de corrupción y manipulación de información.
Las críticas se centran en la deshonestidad de algunos miembros del TSC, quienes estarían intentando borrar información comprometedora relacionada con los exalcaldes Nasry Afura y Ricardo Álvarez.
La trama se complica, cuando se decubre que Olman Oyuela, Gerente de Auditoria Municipal y Samuel Ordoñez, Coordinador de Abogados del sector Municipal (Yernos de Ricargo Rodriguez, Magistrado Liberal) NO pertenecen o mejor dicho no tienen afiliación politica al Partido Libertad y Refundación (LIBRE) como inicialmente se alegaba.
La maniobra de señalar al Partido LIBRE, es mas que una Fake New, porque se aproxima la elección de los nuevos postulantes a magistrados de TSC. Cabe mencionar, que LIBRE no tiene representación directa en el Tribunal Superior de Cuentas hasta el momento. Y sin duda alguna, es un intento mas para desviar la atención y una respuesta fundamentada a las alegaciones de los ex alcaldes corruptos.
Sin duda alguna, estás acusaciones de intentar desacreditar las investigaciones del Ministerio Publico (MP) arrojan sombras sobre la credibilidad del TSC, que se supone debería ser un baluarte de la transparencia y la justicia.
El Presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo tambien se manifecto a esto.
En medio de este tumulto, se destaca la figura de Samuel, Coordinador de los abogados del sector Municipal, quien, a pesar de no ostentar un rol de supervisor, se encuentra en el epicentro de las especulaciones. La trascendencia de su posición en la institución agrega una capa adicional de complejidad a este ya intrincado escenario.
De igual forma, el Fiscal General, Johel Zelaya, se pronuncia.
Mientras el MP continúa su labor investigativa, la ciudadanía espera respuestas claras con acciones concretas para esclarecer la verdad detrás de las acusaciones de corrupción que envuelven al Tribunal Superior de Cuentas. Y amenazan con socavar la confianza en las instituciones encargadas de velar por la justicia y la transparencia en Honduras.
Luego del señalamiento directo hacia los cachurecos corruptos del TSC, pone en duda la integridad de esta Institución encargada de velar por la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
ANTECEDENTES
El TSC realizó una auditoría para evaluar la gestión de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2008 y el 8 de marzo de 2010. En el examen los auditores encontraron catorce irregularidades constitutivas de responsabilidad civil para el alcalde, Alvarez, por valor de 303 millones 335 mil 909 lempiras con 61 centavos. Sin embargo, la magistrada Anchecta, siendo presidenta de la entidad, firmó un informe que no se ajusta al contenido del borrador original.
El informe final, publicado en la página web del TSC reduce las 14 incongruencias a solo cuatro, valoradas en 6 millones 192 mil 838 lempiras con 93 centavos. Además hace referencia a responsabilidades administrativas pero no cuantifica los daños que se habrian ocasionado en perjucio de la Municipalidad del Distrito Central
La Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco), adscrita al Ministerio Público (MP), presentó una solicitud de antejuicio contra él y la cuarta regidora, Nilvia Castillo, por presuntos actos de corrupción en sus gestiones dentro de la alcaldía.
La Uferco acusó a los funcionarios por los delitos de lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos, uso de documentos falsos y violación a los deberes de los funcionarios. Los 28 millones de lempiras (alrededor de 1,120,000 dólares), aseguran que fueron desviados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) entre 2017 y 2018.
Los acusados depositaron cheques en cuentas personales, desde ahí se hicieron pagos, se trasladaron a otras cuentas o se emitieron cheques a favor de empresas para pagar gastos operativos o a personas que no tenían relación con la municipalidad. Los cheques provenían de los fondos rotatorios, fondo especial y reembolsos.
En total hubo 78 beneficiarios del dinero proveniente de 47 cheques de los cuales 23 estaban a nombre del alcalde Nasry Asfura; 9 a nombre de la cuarta regidora, Nilvia Castillo y 15 a nombre de Cinthia Borjas, jefa del despacho municipal.
Mientras que, la Uferco puso ante la Corte de Apelaciones del Tribunal Anticorrupción una solicitud de antejuicio por ese caso de 29 millones de lempiras (más de un millón de dólares) fueron desviados de las arcas de la municipalidad de la capital de Honduras en el periodo 2017-2018 a cuentas personales y de terceros, de acuerdo con una investigación realizada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público.
