En medio del debate político actual, el decreto conocido como la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho, ha sido atacado con una narrativa repetida: llamarlo “pacto de impunidad”.
Pero un análisis jurídico serio demuestra algo muy distinto: la ley no protege criminales, sino que repara a víctimas del golpe de Estado de 2009.
Entonces, ¿por qué ahora se intenta derogarla?
¿Qué es realmente el Decreto 4-2022?
El Decreto 4-2022 tiene un objetivo claro: condenar el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y reparar a las personas perseguidas, criminalizadas o encarceladas por razones políticas durante el régimen de facto.
Esta postura no es aislada. En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que lo ocurrido en Honduras tras el golpe constituyó un hecho ilícito internacional, dejando claro que se rompió el orden constitucional.
Procesos ilegales y persecución política
Tras el golpe, las instituciones operaron bajo un régimen de facto.
Eso significa que muchos procesos judiciales carecieron de legalidad, desde la fabricación de pruebas hasta encarcelamientos arbitrarios.
El Decreto 4-2022 reconoce esa realidad jurídica:
👉 no borra delitos, sino que declara nulos procesos viciados desde su origen.
El problema del proyecto que busca derogarlo
El nuevo proyecto de ley para derogar artículos clave del Decreto 4-2022 ha encendido alertas constitucionales.
1. Violación al principio de irretroactividad
La Constitución hondureña es clara: las leyes no pueden aplicarse hacia atrás en el tiempo, salvo cuando benefician al procesado.
El proyecto pretende anular cartas de libertad ya otorgadas, lo cual viola directamente este principio constitucional.
2. Intromisión en el Poder Judicial
Otro artículo ordena a jueces y tribunales revisar de oficio casos cerrados.
Esto representa una grave intromisión del Congreso en el Poder Judicial, rompiendo la separación de poderes.
3. Presión directa al Ministerio Público
El proyecto también intenta invalidar archivos administrativos del Ministerio Público, una acción que excede las facultades del Legislativo y debilita el Estado de derecho.
El verdadero pacto de impunidad que nadie quiere mencionar
Mientras se ataca el Decreto 4-2022, se guarda silencio sobre el Decreto 2-2010, aprobado tras el golpe.
Ese decreto otorgó una amnistía general e incondicional para delitos como:
- Traición a la patria
- Sedición
- Terrorismo
- Abuso de autoridad
Delitos que, según el derecho internacional, no prescriben.
Ese sí fue —y sigue siendo— un verdadero pacto de impunidad, aprobado por muchos de los mismos actores políticos que hoy critican la ley de reparación.
¿Quiénes fueron realmente beneficiados?
Lejos del discurso alarmista, los datos son claros.
El Decreto 4-2022 benefició a 118 personas, distribuidas así:
- Funcionarios: 6
- Opositores políticos: 68
- Defensores del territorio y la soberanía: 22
- Gremialistas y sindicalistas: 22
Además, la ley enfrentó 13 recursos de inconstitucionalidad, todos inadmitidos o declarados sin lugar, lo que confirma su solidez legal.
Memoria, justicia y democracia
Derogar el Decreto 4-2022 no es una corrección legal:
es un retroceso en memoria histórica, justicia y reparación.
Desmontar esta ley implica ignorar a las víctimas del golpe y normalizar la persecución política como si nunca hubiera ocurrido.
Honduras no puede construir futuro borrando su pasado.
