Un total de 252 ciudadanos venezolanos, descritos por el gobierno de Nicolás Maduro como «secuestrados de manera arbitraria» en El Salvador y deportados desde Estados Unidos (EE. UU.), regresaron hoy a la República Bolivariana de Venezuela como parte del plan «Vuelta a la Patria».
Su retorno se concretó mediante un controvertido intercambio de prisioneros con Estados Unidos, que implicó la liberación de ciudadanos estadounidenses procesados por delitos contra la seguridad nacional en Venezuela.
Los connacionales, que habían estado confinados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador sin acceso a justicia ni debido proceso legal, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado La Guaira.
TeleSUR transmite en vivo la llegada de migrantes venezolanos en un nuevo vuelo del Plan Vuelta a la Patria. https://t.co/xFNDaGPHhy
— teleSUR TV (@teleSURtv) July 18, 2025
Fueron recibidos por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien fungió como principal negociador por la parte bolivariana.
El presidente Nicolás Maduro, al presenciar el arribo de las aeronaves, declaró: «Los fuimos a buscar desde los campos de concentración y los hemos traído sanos y salvo».
Explicó que, a cambio de la devolución de los venezolanos, las autoridades entregaron a diez «terroristas extranjeros convictos y confesos, agentes de la CIA», acusados de planear acciones violentas y asesinatos de líderes políticos en Venezuela desde febrero.
Sin embargo, el emotivo recibimiento estuvo empañado por denuncias de maltrato. El ministro Diosdado Cabello denunció que los ciudadanos venezolanos recibieron disparos de perdigones al abordar las aeronaves en territorio salvadoreño, lo que dejó a algunos heridos y con dificultades para caminar.
Cabello arremetió contra las autoridades salvadoreñas y estadounidenses, sugiriendo una «venganza» por la exclusión de El Salvador en las negociaciones directas entre el gobierno venezolano y Washington. «Perdieron el negocio de lo que le iban a pagar por cada migrante que tenían en el campo de concentración», afirmó, pidiendo una investigación de la ONU sobre la situación.
Del secuestro al regreso: un calvario de meses
La detención de estos venezolanos se remonta a marzo de 2025, cuando 238 migrantes fueron deportados desde Estados Unidos por orden del entonces presidente Donald Trump. Se les acusó, sin pruebas, de pertenecer al extinto grupo criminal «Tren de Aragua», y Washington habría pagado 6 millones de dólares a El Salvador por su acogida.
Los migrantes fueron enviados al CECOT, una prisión de máxima seguridad diseñada originalmente para pandilleros, sobre la cual ya pesan denuncias de abusos, torturas y falta de atención médica.
Reportes indicaron que, al cumplirse cien días de su llegada, 252 venezolanos seguían detenidos en el CECOT sin haber sido procesados formalmente ni presentados ante ningún juez. Familiares y activistas describieron su detención como un «calvario» de aislamiento total bajo el régimen de excepción salvadoreño, sin acceso a abogados, representación legal o contacto con sus familias.
Fuentes de la ONU han señalado que los presos en estas instalaciones sufren un «trato particularmente duro», documentándose hacinamiento, castigos colectivos y torturas.
Desde Venezuela, decenas de familias denunciaron «desapariciones forzadas» y detenciones ilegales, afirmando que sus parientes no fueron imputados ni presentados ante un juez, y que no tuvieron noticias ni acceso telefónico o legal desde el 15 de marzo.
En una carta pública, los familiares insistieron en que los detenidos eran ciudadanos que ejercían su derecho a migrar «sin vínculos con organizaciones delictivas» y exigieron su repatriación inmediata.
La falta de una lista oficial de detenidos por parte de El Salvador agravó la incertidumbre.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación, advirtiendo que el destino de estos migrantes podría encuadrarse en la definición de «desaparición forzada».
El Gobierno venezolano, por su parte, intensificó sus reclamos diplomáticos, con el presidente Maduro responsabilizando directamente a Nayib Bukele por la vida y salud de los venezolanos en el CECOT y exigiendo respeto a sus derechos humanos.
La «Gran Misión Vuelta a la Patria», una iniciativa del gobierno venezolano, ha intensificado sus vuelos de repatriación desde febrero de 2025, acumulando más de 7.000 connacionales retornados entre principios de año y julio de 2025. Maduro prometió «buscar hasta el último» venezolano «secuestrado».
